La presencia intensificada de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota detonó una de las movilizaciones laborales y comunitarias más amplias que ha vivido el estado en décadas. Bajo el lema “ICE Out of MN: Day of Truth and Freedom”, miles de personas respondieron al llamado de sindicatos, líderes religiosos y organizaciones civiles para suspender actividades laborales, educativas y comerciales durante un día completo.
La protesta surge tras semanas de tensión en el área metropolitana de Minneapolis, marcadas por operativos federales considerados agresivos y por el asesinato de Renee Nicole Good, poeta y madre de tres hijos, a manos de un agente del ICE. Este hecho se convirtió en el punto de quiebre que unificó el descontento social y aceleró la organización de una respuesta colectiva sin precedentes.
De acuerdo con los organizadores, el paro económico busca visibilizar el peso del trabajo en la vida cotidiana del estado y demostrar que la actividad productiva depende directamente de las comunidades que hoy se sienten amenazadas. Más de 500 negocios cerraron en solidaridad, mientras decenas de sindicatos —desde el sector educativo hasta el transporte público, respaldaron la jornada, alentando a sus afiliados a no presentarse a trabajar salvo en servicios de emergencia.
El movimiento también tiene una fuerte raíz comunitaria y religiosa. Iglesias y asociaciones vecinales han articulado redes de apoyo que incluyen asistencia legal, acompañamiento emocional y ayuda material para familias afectadas por detenciones y redadas. Este entramado social se fortaleció desde las protestas posteriores al asesinato de George Floyd, experiencia que dejó una infraestructura organizativa capaz de responder rápidamente ante nuevas crisis.
Las demandas del paro son claras: la salida inmediata del ICE del estado, el enjuiciamiento del agente responsable de la muerte de Good, el fin del financiamiento adicional a la agencia y la ruptura de vínculos económicos entre empresas privadas y el organismo federal. Para los convocantes, no se trata solo de una protesta migratoria, sino de una defensa más amplia de derechos civiles y libertades democráticas.
En un contexto nacional de creciente polarización, la jornada en Minnesota plantea una pregunta de fondo para Estados Unidos: hasta dónde puede llegar la acción colectiva cuando comunidades enteras sienten que el Estado se ha convertido en una fuerza de ocupación. Más allá de su duración, el paro ya dejó claro que el conflicto entre seguridad federal y derechos humanos ha entrado en una nueva fase de confrontación social organizada
