César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como “El Botox”, fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, luego de que un juez federal lo vinculó a proceso por diversos delitos de alto impacto. Entre los cargos que enfrenta se encuentran homicidio, extorsión, delitos contra la salud, así como la portación y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con información de autoridades federales.
La decisión judicial se tomó tras la audiencia inicial, en la que la Fiscalía presentó elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los imputados. Durante este procedimiento, Sepúlveda Arellano reconoció encabezar al grupo criminal conocido como “Los Blancos de Troya”, una organización señalada por operar principalmente en la región de Apatzingán, Michoacán, donde presuntamente se dedicaba a la extorsión de productores agrícolas.
Junto con “El Botox” también fueron recluidos en el penal de máxima seguridad Eder Luviano Cárdenas, alias “Greñas”, y Esteban Molina Ledezma, quienes, según las investigaciones, formarían parte de la misma estructura delictiva. Las autoridades federales determinaron su traslado a El Altiplano al considerar que se trata de personas de alta peligrosidad, por lo que se buscó garantizar condiciones de seguridad durante el desarrollo del proceso penal.
Uno de los casos que ha generado mayor atención pública es el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo, ocurrido el 6 de noviembre de 2025 en Michoacán, hecho por el cual Sepúlveda Arellano es señalado como presunto responsable. Este asesinato tuvo un impacto significativo en el sector agrícola de la región y puso en el centro del debate la violencia y las prácticas de extorsión que enfrentan productores locales.
El ingreso de “El Botox” a una prisión de máxima seguridad se enmarca en las acciones del Gobierno federal y de la Fiscalía General de la República para enfrentar a organizaciones criminales que combinan actividades como la extorsión, el homicidio y el tráfico de armas, especialmente en zonas con alta incidencia delictiva. De acuerdo con las autoridades, la investigación permanece abierta y no se descarta que el proceso penal se amplíe conforme se integren nuevos testimonios y pruebas en la carpeta de investigación.
El caso refleja los retos institucionales en el combate a la criminalidad organizada y las implicaciones sociales que este fenómeno tiene en regiones donde la violencia impacta directamente a sectores productivos y comunidades enteras.
