La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se colocó en el centro del debate público tras confirmar la adquisición de nueve camionetas blindadas destinadas al uso de ministras y ministros. La institución argumentó que la decisión respondió a criterios de seguridad y a la normatividad interna vigente, aunque la compra generó cuestionamientos sobre su costo, el supuesto ahorro frente a esquemas previos y la congruencia con los principios de austeridad anunciados por el nuevo Poder Judicial.
En un comunicado oficial, la Corte explicó que la renovación de la flotilla vehicular tuvo como objetivo garantizar condiciones adecuadas de protección para quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional. Según la SCJN, las unidades anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad necesarios, por lo que mantenerlas en operación implicaba riesgos. La institución señaló que esta sustitución se realizó conforme a lineamientos emitidos en 2019, los cuales establecen que los vehículos deben renovarse cada cuatro años o antes si dejan de ser seguros.
La compra incluyó camionetas tipo Jeep con blindaje, sin que la Corte precisara públicamente el monto total de la operación. Sin embargo, información difundida en distintos análisis periodísticos señala que el costo por unidad podría ubicarse entre 1.7 y 3 millones de pesos, dependiendo del nivel de blindaje. Desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, de acuerdo con datos proporcionados por la propia SCJN, la decisión habría generado un ahorro superior a mil millones de pesos al sustituir un esquema de renta.
Ese argumento abrió una nueva discusión. Con base en antecedentes de contratos de arrendamiento de vehículos blindados en otras dependencias federales, algunos cálculos públicos sugieren que el gasto de compra sería equivalente a varios años de renta, pero no alcanzaría la cifra de ahorro señalada, salvo en escenarios de muy largo plazo. La SCJN no ha detallado los términos del contrato de renta anterior ni los elementos utilizados para estimar dicho ahorro.
El tema se da en un contexto político sensible. La actual Suprema Corte, renovada tras la Reforma Judicial y con ministras y ministros electos, inició funciones en septiembre de 2025 bajo el compromiso público de austeridad, transparencia y cercanía con la ciudadanía. A poco más de cien días de su arranque, la compra de las camionetas se sumó a otras controversias internas que han incrementado el escrutinio sobre sus decisiones.
Tras las críticas, la Corte informó que las y los ministros decidieron no utilizar los vehículos y solicitaron iniciar el procedimiento para su devolución o reasignación a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos. El episodio dejó abierta la discusión sobre la rendición de cuentas, el uso de recursos públicos y los criterios de seguridad en las más altas instituciones del país.
