La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, fue consecuencia directa de una operación a velocidades superiores a las permitidas, de acuerdo con los primeros resultados del peritaje oficial. El siniestro dejó un saldo de 13 personas fallecidas y más de cien lesionadas, además de afectar la operación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del actual gobierno federal.
En conferencia con medios, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, detalló que el análisis de la llamada “caja negra”, así como los testimonios de pasajeros y las revisiones técnicas realizadas, permitieron reconstruir el comportamiento del tren en los kilómetros previos al accidente. Según estos registros, la locomotora circuló de forma reiterada por encima de los límites establecidos en el Horario Ferroviario Vigente (HFV), documento que regula las condiciones operativas de la vía.
De acuerdo con la información presentada, en tramos rectos el tren alcanzó velocidades de hasta 150 kilómetros por hora, cuando el máximo permitido era de 70. En las curvas, donde el límite era de 50 kilómetros por hora para trenes de pasajeros, la unidad circulaba a aproximadamente 65 kilómetros por hora. El descarrilamiento ocurrió en el kilómetro 230 de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, a la altura de la comunidad de Nizanda.
La FGR subrayó que las inspecciones realizadas a la infraestructura ferroviaria —incluyendo rieles, durmientes, balasto y terraplenes— no arrojaron evidencia de fallas previas al accidente. De igual forma, la revisión de las dos locomotoras y los cuatro coches que conformaban el tren, con un peso aproximado de 400 toneladas, no detectó daños o deficiencias en sistemas de frenado, ruedas o mecanismos de acoplamiento que pudieran haber comprometido la seguridad de la operación.
Ante estos hallazgos, el Ministerio Público Federal se prepara para ejercer acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, mientras se avanza en la definición de responsabilidades individuales. La fiscal reiteró un mensaje de solidaridad con las víctimas y sus familias, y aseguró que las investigaciones continúan con el objetivo de garantizar justicia.
Más allá del ámbito judicial, el caso abre un debate institucional sobre los controles operativos y la supervisión en proyectos de infraestructura prioritarios. El descarrilamiento no solo evidenció fallas humanas en la operación del tren, sino que también coloca bajo escrutinio los mecanismos de prevención y vigilancia en una obra clave para la conectividad y el desarrollo regional del sur del país.
