Un ataque armado contra dos legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) encendió las alertas de seguridad y gobernabilidad en Culiacán este miércoles 28 de enero. Los hechos ocurrieron a plena luz del día, cuando los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda se trasladaban en una camioneta por el Paseo Niños Héroes, una vialidad céntrica ubicada a pocas cuadras del Palacio Municipal.
De acuerdo con la información disponible, un grupo armado interceptó el vehículo en el que viajaban los legisladores y abrió fuego. Sergio Torres Félix, presidente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, y Montoya Ojeda, diputada local por el mismo partido, fueron las víctimas directas del atentado. Ambos se desplazaban hacia el poniente de la capital sinaloense cuando ocurrió el ataque, poco después del mediodía.
Tras los hechos, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se activó un operativo de búsqueda y captura para dar con los responsables. Asimismo, señaló que se comunicó con la titular de la Fiscalía General del Estado para que la investigación se lleve a cabo con rapidez, lo que confirma la apertura formal de una carpeta de investigación por estos hechos violentos.
El atentado tiene una carga política relevante. Sergio Torres Félix no solo encabeza actualmente la dirigencia estatal de MC, sino que cuenta con una trayectoria previa como presidente municipal de Culiacán y como diputado por el PRI, lo que lo convierte en una figura conocida en la vida pública local. Por su parte, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda ocupa una curul en el Congreso local bajo las siglas del partido naranja, lo que refuerza la dimensión institucional del ataque.
La ubicación y el momento del atentado también generan interrogantes sobre las condiciones de seguridad en la capital sinaloense. Que un ataque de esta naturaleza ocurra en una zona céntrica y cercana a edificios de gobierno subraya los retos que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad de funcionarios públicos y de la ciudadanía en general.
En términos institucionales, el hecho puede tener implicaciones en el clima político del estado, especialmente para Movimiento Ciudadano, al tratarse de un ataque directo contra dos de sus representantes. Al mismo tiempo, pone en el centro del debate la necesidad de reforzar los esquemas de protección a actores políticos y de asegurar investigaciones efectivas que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Por ahora, las autoridades estatales mantienen el operativo activo y la investigación en curso. La evolución del caso será clave para medir la respuesta institucional ante un episodio que impacta tanto en la seguridad pública como en la estabilidad política local.
Inserta al final el tuit del dirigente nacional:
