La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este viernes que el presidente Donald Trump violó la ley federal al imponer aranceles generalizados a nivel global de manera unilateral, en un fallo de 6 votos contra 3 que marca un punto de inflexión para la política comercial de la Casa Blanca y la agenda económica de la actual administración.
La decisión establece que la facultad invocada por el Ejecutivo para aplicar los gravámenes carece de sustento legal suficiente. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y sostuvo que el mandatario se arrogó una atribución extraordinaria al fijar aranceles de monto, duración y alcance ilimitados sin una autorización clara del Congreso.
El tribunal concluyó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), base jurídica utilizada para justificar la medida, no otorga autoridad para imponer aranceles. En su razonamiento, se indicó que cuando el Congreso concede facultades en materia arancelaria lo hace de forma expresa y con restricciones estrictas, condiciones que no se cumplen en este caso.
Composición y votación
La mayoría estuvo integrada por:
- John Roberts
- Amy Coney Barrett
- Neil Gorsuch
- Tres jueces del ala liberal
En desacuerdo votaron:
- Clarence Thomas
- Samuel Alito
- Brett Kavanaugh
La resolución representa la derrota más relevante de la segunda administración Trump ante el máximo tribunal, que el año anterior había respaldado al presidente en decisiones de emergencia relacionadas con inmigración, destitución de líderes de agencias independientes y recortes profundos al gasto público.
Alcance del fallo
El núcleo del litigio se centró en la interpretación de las competencias presidenciales en materia comercial. La administración defendió que el presidente podía utilizar aranceles para regular el comercio exterior e incluso sostuvo que esa facultad formaba parte de la autoridad inherente del Ejecutivo.
La opinión mayoritaria rechazó ese planteamiento y delimitó el papel del tribunal al señalar que su función se circunscribe a aplicar el marco constitucional establecido en el Artículo III. Bajo esa premisa, determinó que la IEEPA no autoriza la imposición de aranceles.
El presidente calificó el fallo como una “vergüenza” durante un desayuno con gobernadores en la Casa Blanca. Funcionarios del Departamento de Justicia habían planteado ante los jueces que los aranceles eran esenciales para la prosperidad nacional, mientras que un grupo de pequeñas empresas impugnó la medida al considerarla una afirmación de poder sin supervisión legislativa para imponer un impuesto.
Impacto fiscal y disputa por reembolsos
Uno de los puntos que permanece abierto es el destino de los recursos ya recaudados. Hasta el 14 de diciembre, el gobierno federal había ingresado US$ 134 mil millones derivados de los aranceles impugnados, correspondientes a más de 301.000 importadores, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y un documento presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional.
La mayoría no ofreció directrices sobre:
- Si el gobierno debe devolver los montos recaudados
- El mecanismo para efectuar eventuales reembolsos
- El calendario o procedimiento aplicable
En su opinión discrepante, el juez Brett Kavanaugh subrayó que el tribunal no se pronunció sobre la devolución de miles de millones de dólares a los importadores ni sobre la forma de ejecutar ese proceso. También advirtió que un esquema de reembolsos podría generar consecuencias significativas para la economía estadounidense.
Implicaciones institucionales
El fallo redefine los límites entre el Ejecutivo y el Congreso en materia arancelaria y establece que el uso de poderes de emergencia no sustituye una autorización legislativa explícita cuando se trata de imponer gravámenes de alcance general.
En el plano económico, la incertidumbre inmediata gira en torno al tratamiento de los US$ 134 mil millones recaudados y al posible impacto en las finanzas públicas si se ordenaran devoluciones masivas. En el plano político, la decisión altera la estrategia comercial de la Casa Blanca y coloca bajo revisión el instrumento jurídico utilizado para sustentar la política arancelaria global.
El proceso continuará previsiblemente en instancias inferiores para resolver las cuestiones prácticas pendientes, particularmente las relacionadas con los importadores afectados y la eventual restitución de fondos.
