La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a cuatro proveedores para participar en contrataciones con la administración pública federal, tras acreditar la presentación de información falsa en distintos procedimientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las sanciones fueron determinadas por el Órgano Interno de Control en el IMSS e incluyen multas económicas y periodos de inhabilitación que van de uno a un año con tres meses.
Las resoluciones se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y fueron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que impide a los involucrados celebrar nuevos contratos con el gobierno federal.
Sanciones individuales
Las medidas impuestas comprenden los siguientes casos:
- María Esther Barrios Cabrera: multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación por un año, por proporcionar información falsa en una licitación nacional electrónica para el servicio integral de manejo de ropa hospitalaria en unidades del IMSS durante 2024. La irregularidad consistió en una constancia de no inconveniencia ambiental con datos falsos.
- Gvicoa S.A. de C.V.: multa de 745 mil 705 pesos e inhabilitación por un año tres meses, por presentar un oficio supuestamente emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en el que se indicaba que un microscopio especular no requería registro sanitario, dentro de una licitación internacional para servicios médicos oftalmológicos.
- Comercializadora Svr, S.A. de C.V.: multa de 555 mil 644 pesos e inhabilitación por un año, por entregar una carta de apoyo aparentemente emitida a su favor en un proceso de adjudicación directa para la adquisición de material terapéutico y de curación.
- Comercializadora Milenio, S.A. de C.V.: multa de 134 mil 430 pesos e inhabilitación por un año tres meses, por presentar comprobantes con los que pretendía acreditar la prórroga de registros sanitarios en una licitación para tiras reactivas destinadas al programa IMSS Bienestar.
Alcance institucional
La intervención correspondió al Órgano Interno de Control en el IMSS, instancia responsable de sustanciar los procedimientos administrativos derivados de irregularidades detectadas en procesos de contratación. Las sanciones aplicadas implican consecuencias económicas y administrativas para los proveedores involucrados.
La inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados impide a las personas físicas y morales señaladas participar en nuevos contratos con dependencias y entidades de la administración pública federal durante el periodo establecido en cada caso.
Ruta y próximos pasos
Las resoluciones pueden ser impugnadas por los sancionados conforme a los mecanismos legales correspondientes. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que actuará en defensa de las medidas adoptadas en protección del interés público.
El caso refleja la actuación de instancias de control interno en procedimientos de contratación pública, con efectos directos sobre la elegibilidad de proveedores en licitaciones y adjudicaciones federales
