El aumento de la población de adultos mayores conlleva una gran vulnerabilidad, ya que un número importante de éstos no cuenta con acceso a los beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social y tampoco con servicios de salud.
Este diagnóstico fue el que llevó a las autoridades a idear un programa de política pública para dar atención a las necesidades de este sector de la población, marginado por la incapacidad del Estado para brindarle seguridad social.
El programa de pensión para adultos mayores fue puesto en marcha en el año 2000 por el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, y fue tal el impacto que el presidente de la República en 2006, Felipe Calderón, lo retomó para llevarlo a nivel federal; asimismo, en la administración de Enrique Peña Nieto, se dio continuidad al programa, ampliando la cobertura de edad de 70 a 65 años.
Ahora bien, el programa de bienestar que se pretende implementar en el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República representa mayores retos, pues no sólo aumentará el beneficio a 2 mil 550 pesos bimestrales, sino también incorporará a todos los adultos mayores de 68 años con pensión o jubilación contributiva, lo que podría no ser fiscalmente sostenible en el tiempo, debido a la duplicidad de apoyos y al ineficiente flujo de información sobre los efectos del programa.
De acuerdo con el Coneval Ficha de Monitoreo 2016-2017, no se conocen los efectos que tiene el programa en la población beneficiaria con menos de 70 años de edad que habita en zonas urbanas.
A la par, el presidente de la República reconoció que, en la última consulta sobre los programas prioritarios, el que obtuvo más votación fue el de mejorar los servicios de salud, incluso, estuvo por arriba de la pensión a adultos mayores, que siempre era el mejor evaluado, el que tenía más aceptación en la población a nivel nacional.
Y con este resultado, adelantó la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, mismo que será manejado con el Fondo de Protección para Riesgos Catastróficos, que se encarga de financiar las atenciones, intervenciones, enfermedades de alta especialidad, y que está constituido con dinero de los beneficiarios, no del erario.
El Seguro Popular brindaba servicios limitados a los beneficiarios, y por supuesto que se debía considerar su cobertura, por lo que quizá en lugar de aumentar recursos al programa de adultos mayores -cuando no se tienen datos concisos de sus efectos, y además, considerar a población que ya recibe una pensión contributiva- se debieron redestinar a un mejor alcance de los servicios de salud para personas sin seguridad social, y dejar intacto el fondo para la atención de enfermedades de alta especialidad.
Los gobiernos continúan paliando las deficiencias de la seguridad social con programas sociales, que además les generan un clientelismo político, dando vueltas en la órbita del problema sin atacar de facto el problema de raíz o, en algunos casos, generando otras situaciones críticas.
La autora de esta opinión es Verónica Chalita, consulta su semblanza en: colaboradores, también puedes contactarla por Twitter: @vchalitam
