(Audio por Deborah Cohen Falah Cheja)
Por Arturo Damm Arnal
En México una de las principales amenazas contra la propiedad privada (y, dado que la misma es la condición de posibilidad del ejercicio de la libertad individual, también contra ésta), es la total y absoluta direccionalidad del gobierno (tanto por el lado del Poder Ejecutivo, que propone, como por el del Legislativo, que dispone), para determinar qué impuestos cobrar, a qué tasa, a quién.
En nuestro país basta y sobra que el Poder Ejecutivo proponga cobrar más impuestos, y que el Legislativo lo apruebe, para que tengamos que pagar más impuestos. O también basta y sobra que alguna bancada del Congreso de la Unión lo proponga, y que la propuesta sea votada por la mayoría, para que terminemos pagando más impuestos.
La total y absoluta discrecionalidad del gobierno para determinar qué impuestos cobrar, a qué tasa, a quién, quiere decir que el derecho de propiedad sobre los ingresos, que son el producto del trabajo, no está, ni plenamente reconocido, ni puntualmente definido, ni jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de Chueco, no del Estado de Derecho, que es el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas.
Todo lo anterior es consecuencia de la creencia, compartida por todos los políticos, de derecha, centro o izquierda, de que tienen el derecho de meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos, como crean más conveniente, para lograr el fin que crean más valioso, creencia verdadera, ¡lo creen a pie juntillas!, derecho falso, ¡que no pasa de ser poder arbitrario!
Hace unos días tuvimos una muestra más de esta creencia, aportada por algunos legisladores de Morena, quienes pretenden crear un nuevo impuesto para gravar las herencias y cerrar el círculo. De aprobarse dicho impuesto se estaría gravando la generación del ingreso, el gasto del ingreso, el ahorro del ingreso, y la cesión del ingreso (aunque este último impuesto, que sería a la herencia, lo pagaría, no quien da, sino quien recibe).
Cobrar impuestos implica que el gobierno, convertido en recaudador, obliga al ciudadano, convertido en contribuyente, a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual, si aceptamos que la persona tiene derecho al producto íntegro de su trabajo, debe justificarse correctamente, lo cual rara vez sucede, si es que sucede alguna vez.
El primer poder del gobierno es el poder para cobrar impuestos, es decir, el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo, poder que en manos poco escrupulosas, como por lo general son las de los políticos, hace que el cobro de impuestos degeneré en una expoliación legal.
Y por favor, no caigamos en la trampa de decir que los políticos deben hacer lo que los ciudadanos les decimos porque somos los ciudadanos quienes les pagamos su sueldo. No, nosotros no les pagamos su sueldo. Si yo les pagara ya hubiera corrido a la mayoría. No, a nosotros, cobrándonos impuestos, nos obligan a entregarles parte del producto de nuestro trabajo y de allí se cobran.
Tampoco caigamos en la trampa de decir que los políticos gastan nuestro dinero, razón por la cual deben gastarlo honesta y eficazmente. Antes de que nos cobraran impuestos sí era nuestro dinero. Una vez que nos cobraron dejó de serlo. El derecho de propiedad es el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, nada de lo cual podemos hacer una vez que se nos han quitado dinero por los impuestos, ni siquiera por medio de nuestros representantes en el Congreso. No seamos ilusos. ¿Cómo conjurar la amenaza contra la propiedad privada que la absoluta direccionalidad del gobierno para determinar qué impuestos cobrar, a qué tasa, a quién?
