Por Arturo Damm Arnal
La semana pasada escribí en Twitter: “Si tuviera que elegir una sola medida para fortalecer la democracia en México sería ésta: ningún beneficiario de programas gubernamentales asistencialista tendría el derecho a votar. Se evitaría la degeneración de la democracia electoral en mercado electorero”.
Hubo respuestas de todo tipo, desde quienes apoyan la propuesta hasta quienes la rechazan. En muchos casos, tanto a favor como en contra, se presentaron argumentos atendibles.
Lo primero que hay que reconocer es que la propuesta resulta antidemocrática, sobre todo si se considera que por el hecho de ser ciudadano, y solo por ello, se tiene el derecho al voto, siendo éste el primer derecho político del ciudadano. Un ciudadano un voto.
Lo segundo que hay que considerar, además del argumento de la ciudadanía, es que, si se pagan impuestos, se tiene derecho al voto. El gobierno obliga al ciudadano a entregarle parte del producto de su trabajo, luego el ciudadano tiene derecho a votar. Va lo uno por lo otro.
Soy ciudadano y me cobran impuestos, tengo derecho al voto. De estos dos argumentos a favor del derecho al voto el más fuerte es el segundo.
Aceptado lo anterior, ¿cómo evitar que la democracia electoral degenere en mercado electorero, degeneración que se da cuando los ciudadanos eligen gobernantes en función, no de los derechos que garantizará, sino de las necesidades que satisfacerá y los intereses que defenderá. Entre garantizar derechos, ¡que realmente lo sean!, y satisfacer necesidades y defender intereses hay diferencias, sin olvidar que la tarea propia del gobierno es garantizar derechos, no satisfacer necesidades, tampoco defender intereses. Uno de los problemas que enfrentamos hoy es que muchas necesidades e intereses se han identificado arbitrariamente como derechos y, como lo propio del gobierno es garantizar derechos, pues ahora debe satisfacer necesidades y defender intereses, comenzando por el interés que tiene mucha gente de que el gobierno le satisfaga sus necesidades, sin olvidar el interés que el gobierno tiene de satisfacer esas necesidades, como una manera de ganar votos. Véase, para empezar, el Art. 4 constitucional.
El problema es que cuando el gobierno satisface necesidades, para lo cual debe proveer los satisfactores, redistribuye el ingreso, que es el producto del trabajo de cada quien: le quita Juan lo que, por ser producto de su trabajo, es propiedad de Juan, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo, no es propiedad de Pedro. ¿Las necesidades insatisfechas de Pedro le dan derecho a parte del producto del trabajo de Juan? ¿El gobierno tiene la obligación, por medio de la redistribución del ingreso, de garantizar ese derecho de Pedro? La respuesta a ambas preguntas es no. Pese a ello todo gobierno actúa como si la respuesta fuera sí. Hoy gobernar es sinónimo de redistribuir el ingreso. En el caso de México dos terceras partes del gasto gubernamental es gasto social, es decir, redistribución del ingreso, lo cual tiene como consecuencia, una entre muchas otras, la degeneración de la democracia electoral en mercado electorero, en el cual la gente vota, no para que el gobierno garantice sus derechos, sino para que satisfaga sus necesidades, para que defienda sus intereses.
¿Hay manera de evitar que la democracia electoral degenere en mercado electorero? ¿La democracia electoral, que es la parte electoral de la democracia, no es por su propia naturaleza mercado electorero, en el cual el candidato promete, ante todo, satisfacer necesidades y defender intereses?
