Por Arturo Damm Arnal
Defino al Estado de Derecho como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Además de leyes justas el Estado de Derecho necesita de autoridades honestas y eficaces que las hagan valer.
Donde gobiernan las leyes no gobiernan los hombres, por más que sean los hombres quienes hagan las leyes, vigilen su cumplimiento, castiguen a quienes las violen.
Lo contrario del Estado de Derecho es el Estado de chueco, que podemos definir como el gobierno de los hombres que detentan el poder político, que es el poder para obligar, prohibir y castigar, poder que siempre se usa para limitar la libertad individual y la propiedad privada. Esos hombres pueden ser el pueblo cuando se le convoca, por medio de una consulta popular, a decidir, por ejemplo, si debe o no enjuiciarse a determinados personajes, lo cual no debe (por más que pueda) depender de la voluntad del pueblo (de una mayoría) sino de las leyes, que brindan seguridad jurídica: conociendo las leyes sabemos a qué atenernos.
La intención de AMLO de preguntarle al pueblo si debe o no enjuiciarse a los ex presidentes, con excepción de Luis Echeverría, claramente es inconstitucional. Leemos en el Art. 35 de la Constitución que “no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución”. En el Art. 17 se lee que “toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. No debe ser el pueblo el que decida si se imparte o no justicia.
Si hubieran actuado conforme a las exigencias del Estado de Derecho, los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubieran votado a favor de la inconstitucionalidad de la pretensión de AMLO. Seis votaron en contra y cinco a favor, por lo que habrá consulta popular, pero con nueva pregunta.
La pregunta de AMLO era: “¿Estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, durante y después de sus respectivas gestiones?”
La nueva pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”, pregunta tan general y tan abierta que sirve para poco. Decisiones políticas, ¿todas, incluidas las que no supongan la comisión de delitos? Años pasados, ¿todos, de 2020 para atrás? Actores políticos, ¿todos, incluidos representantes de los poderes Legislativo y Judicial?
Supongamos que la respuesta es SI. Entonces, dado que sería vinculante, ¿qué decisiones políticas, de qué actores políticos, y desde qué años, deberían investigarse? Porque no se podrían investigar todas, de todos, desde siempre. Vergonzosa la actuación de la SCJN en todo lo relacionado con la intención de AMLO de preguntarle al pueblo si debe o no enjuiciarse a los ex presidentes. Vergonzosa no haberla declarada inconstitucional. Vergonzosa la nueva pregunta. Estado de chueco.
