Por Arturo Damm Arnal
Hay dos tipos de derechos. Los naturales, con los que la persona es concebida: a la vida, a la libertad y a la propiedad. Los contractuales, que la persona adquiere voluntariamente, por así haberlo pactado con alguien más, por ejemplo, los derechos mercantiles, tanto por el lado del comprador, como por el del vendedor: (i) el comprador tiene el derecho a recibir, en tiempo y forma, la mercancía comprada, derecho que tiene como contrapartida la obligación del vendedor de entregarla; (ii) el vendedor tiene el derecho a recibir, tal y como fue pactado, el pago por la mercancía vendida, derecho que tiene como contrapartida la obligación del comprador de pagarla. Estos derechos y obligaciones son adquiridos voluntariamente por compradores y vendedores, ya que nadie los obliga a intercambiar: lo hacen voluntariamente, con la intención de mejorar después de haberlo hecho, ya que cada uno valora más lo que recibe que lo que da a cambio. Es tarea propia del gobierno garantizar esos derechos, mismos que el productor puede violar no dándole al consumidor lo que dice que le da y/o no dándole tanto como dice que le da.
Los consumidores tenemos el derecho a saber, sin engaños, qué estamos consumiendo, derecho que tiene como contrapartida la obligación del productor de informarnos, sin engañarnos, qué es lo que vamos a consumir. ¿Quién debe vigilar que lo haga? El gobierno, como parte de su tarea de garantizar los derechos de las personas, en este caso de los consumidores. ¿Qué debe hacer el gobierno si el productor, engañando al consumidor, no dándole lo que dice que le da y/o no dándole tanto como dice que le da, viola ese derecho? Castigarlo por lo que hizo y obligarlo a no volver a hacerlo.
Lo anterior viene a cuento porque, y cito del comunicado oficial, “la Secretaría de Economía, con la asistencia de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comprobó que diversos productos denominados como ‘queso’ y ‘yogurt natural’ no cumplen con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que su comercialización se ha llevado a cabo en perjuicio y con información que puede inducir al engaño de los consumidores. En consecuencia, esta dependencia ordenó la prohibición inmediata de su comercialización”, lo cual es injusto, en perjuicio de los consumidores de esos productos, quienes, mientas dure la prohibición, no los podrán comprar.
Pongo el siguiente caso, citando nuevamente del comunicado oficial: “En los productos denominados como ‘queso’ los principales incumplimientos detectados son: (i) utilizar la leyenda ‘100% leche’, sin serlo; (ii) adicionar grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener en su elaboración; (iii) proporcionar un menor gramaje que el declarado en la etiqueta como ‘Contenido Neto’; (iv) no informar en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de caseinatos para la elaboración de queso”. ¿Qué debieron hacer la Secretaria de Economía y la Profeco? Obligar al productor, o a sustituir la leyenda “100% leche” por la que sea verdad, o a modificar el producto para que contenga “100% leche”, pero no prohibir su oferta, menos en medio de una recesión económica como la que estamos atravesando, prohibición que no solo castiga al productor, sino también al comerciante, que es el intermediario entre el productor y el consumidor, y también al consumidor, comerciantes y consumidores que no tienen vela en este entierro. Debiendo castigar a uno el gobierno castiga a tres, castigo que debe consistir no sólo en obligar al productor, o a sustituir la leyenda “100% leche” por la que sea verdad, o a modificar el producto para que sí contenga “100% leche”, sino en la imposición de una multa. Pero no, ni la Secretaria de Economía, ni la Prefecto, optaron por esta opción que es la correcta. ¿En algún momento la habrán considerado?
