Por Arturo Damm Arnal
Transcribo lo dicho por AMLO: “A nosotros no nos interesan los negocios privados. Nos interesan los negocios públicos. Los únicos negocios a los que se les debe dar toda la atención es (sic) a los negocios públicos. Nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, de empresas, ellos no aceptan esta nueva política y por eso protestan…”. Voy por partes.
Al gobierno, aunque no fuera más que por conveniencia, deben interesarle los negocios privados, en los cuales se producen bienes y servicios, se crean empleos, se generan ingresos, condiciones necesarias para el bienestar de las familias. Y lo más importante desde el punto de vista de los intereses del gobierno: los negocios privados son una importante fuente de ingresos tributarios, por los impuestos que pagan las empresas, los empleados de las empresas, y quienes compran los bienes y servicios ofrecidos por las empresas.
Al gobierno deben interesarle los negocios privados, y ese interés debe llevarlo a crear las condiciones correctas para que esos negocios se multipliquen (surjan nuevos) y se expandan (crezcan los que ya operan), condiciones correctas que se sintetizan en una: reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los empresarios a la libertad individual para producir, ofrecer y vender bienes y servicios, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para producir, ofrecer y vender satisfactores.
El gobierno no debe tener empresas. Lo propio del gobierno es gobernar, no hacer negocios. La pregunta no debe ser por qué debería la iniciativa privada participar en la industria de la energía, electricidad y/o petróleo, sino por qué debería el gobierno participar en la producción, oferta y venta de bienes y servicios. La respuesta a la segunda pregunta es: por ningún motivo, mucho menos de manera monopólica, y mucho menos en los sectores estratégicos de la economía, como lo son la electricidad y el petróleo que, precisamente por serlo, deben estar sujetos a la disciplina de la competencia, para lo cual se requiere de la participación de la iniciativa privada.
AMLO tiene razón al decir que el gobierno no debe ser una organización al servicio de los intereses de los empresarios, lo cual da como resultado el capitalismo de compadres, por el cual el gobierno le otorga privilegios a los empresarios, que se traducen, por lo general, en la posibilidad de cobrar, por lo que venden, un precio mayor del que podrían cobrar si no tuvieran esos privilegios, lo cual va en contra del bienestar de los consumidores. El capitalismo de compadres es, entre otras cosas, un complot del gobierno y los empresarios en contra de los consumidores.
Con la 4T, ¿ya no hay capitalismo de compadres? Preguntémosle a los empresarios que han conseguido, por la vía de la adjudicación directa, sin tener que competir para ganarlos (licitar), contratos del gobierno. Si esas adjudicaciones directas no son capitalismo de compadres, ¿qué son? Y si lo son, ¿cómo lo justifica AMLO?
El problema es que, desde la cancelación de la construcción del NAICM en Texcoco, el 29 de octubre de 2018, hasta la afirmación de que “vamos a recuperar el espíritu de Cárdenas y López Mateos para rescatar a Pemex y la CFE, y si para ello hay que hacer cambios constitucionales, los haremos, sí porque sí”, el 24 de octubre pasado, la 4T ha generado desconfianza entre los empresarios, sobre todo entre quienes no forman parte del capitalismo de compadres y, lo más grave, va en contra de lo acordado en el marco del T-MEC. AMLO, ¿estará consciente de lo que dice y hace?
