Por Arturo Damm Arnal
Tres errores. Uno: creer que nosotros, los ciudadanos, les pagamos a los gobernantes. Dos: creer que el dinero que administran los gobernantes es nuestro, de los ciudadanos. Tres: creer que los gobernantes son nuestros empleados y nosotros, los ciudadanos, sus patrones. Tres graves errores.
Los ciudadanos no les pagamos a los gobernantes. Los gobernantes nos obligan, cobrándonos impuestos, a entregarles parte del producto de nuestro trabajo, algo muy distinto. Yo no pago impuestos, a mí me los cobran, y termino pagándolos para evitar el castigo al que me haría acreedor si no lo hiciera, desde recargos hasta cárcel. Se puede argumentar, como de hecho se hace, que los impuestos es el precio que tenemos que pagar por vivir en sociedad, afirmación falsa. El precio que debemos pagar por vivir en sociedad es el respeto a los derechos de los demás, de ninguna manera el pago de impuestos. Si todos respetaran los derechos de todos los impuestos saldrían sobrando porque el gobierno no sería necesario.
El dinero producto de los impuestos ya no es propiedad de los ciudadanos sino de los gobernantes. El derecho de propiedad consiste en el derecho a la libertad para usar, disfrutar y disponer de lo que es de uno, como a uno más le convenga, con un solo límite: el respeto a los derechos de los demás. Una vez que hemos pagado impuestos los ciudadanos ya no tenemos manera de usar, disfrutar o disponer, como más nos convenga, de ese dinero. Ya no podemos ejercer el derecho de propiedad sobre esos recursos. Se puede argumentar, como de hecho sucede, que los ciudadanos sí podemos disponer de ese dinero, pero de manera indirecta, por medio de las decisiones de nuestros representantes en el Congreso de la Unión, quienes reciben del Ejecutivo una propuesta de gasto (el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación), teniendo cierto margen para reasignar recursos. ¿Hasta qué punto esta reasignación se realiza conforme a los intereses de los ciudadanos? ¿Y qué sucede si esa reasignación se realiza a favor de los intereses del grupo de ciudadanos A y en contra de los intereses del grupo de ciudadanos B (como sucede, por ejemplo, con los presupuestos participativos)?
Los gobernantes no son nuestros empleados, de entrada porque nosotros no les pagamos, ¡ellos nos obligan a pagarles!, y de salida porque el dinero del que disponen no es de nuestra propiedad, ¡ellos, ya sea desde el Poder Ejecutivo, ya desde el Legislativo, parten y reparten según sus intereses, que no tienen que coincidir con los de los ciudadanos, quienes pueden tener, como de hecho los tienen, intereses encontrados: el grupo de ciudadanos A quiere que se gaste en X y el grupo de ciudadanos B quiere que se gaste en Y, y como no alcanza para gastar en Y y en X alguno de los dos grupos sale perdiendo.
Creer que nosotros les pagamos a los gobernantes, que el dinero a su disposición es nuestro, y que por eso son nuestros empleados, son tres errores que se repiten una y otra vez, usándose como argumentos para exigirles honestidad y eficacia, argumento del cual muchos gobernantes hacen eco (el dinero es del pueblo; yo ya no me pertenezco; yo hago lo que el pueblo me manda, etc.), lo cual es hipócrita porque simple y sencillamente no es verdad.
El gobierno es una organización esencialmente coercitiva, con el poder para obligar (de entrada a pagar impuestos), para prohibir (de entrada evadir impuestos) y para castigar (de entrada la evasión de impuestos), que dista mucho de ser financiada voluntariamente por los ciudadanos, cuyos recursos distan mucho de ser de los ciudadanos, cuyos representantes distan mucho de ser empleados de los ciudadanos, todo ello, inclusive, en países con democracia, república y Estado de Derecho.
El gobierno es una organización esencialmente coercitiva, que limita la propiedad privada y la libertad individual.
