(Audio por: Fátima Verónica Rodríguez Martínez)
Por Amanda Vega Hidalgo
Más allá del debate sobre si el régimen de monarquía parlamentaria es compatible con la democracia o no, es indudable que la figura de Juan Carlos I ha sido y sigue siendo una institución central dentro de la idiosincrasia del Estado español. Más concretamente, constituye un actor primordial de la superestructura española que, como no puede ser de otra forma, vela por la buena salud de la rentabilidad del capital español.
Nombrado jefe de Estado en 1975 desde las instituciones franquistas, se suele afirmar que el papel que jugó durante el periodo de la transición democrática (1975-1977) fue tan fundamental que prácticamente es solo a él a quien el pueblo español le debe el hecho de que en el Artículo 1 de la Constitución se hable de España como un “Estado social y democrático de Derecho”.
Es imposible confirmar que la Transición fuera un acontecimiento histórico inevitable al que España se dirigiera de manera inexorable ni que el entonces Rey no tuviera ningún margen de actuación a la hora de promover o no la continuidad del régimen dictatorial. Defender esto sería totalmente reduccionista. Sin embargo, analizando el contexto mundial de entonces y bajo las condiciones político-económicas en las que se encontraba el país en aquel momento, se torna cuanto menos dudoso su grado de protagonismo, así como su capacidad de decisión.
De este modo, tras una guerra civil de más de tres años (1936-1939) que deja como resultado unas fuerzas productivas totalmente devastadas, una posguerra autárquica en la que España, después de haberse alineado con las fuerzas de extrema derecha durante la Segunda Guerra Mundial, es aislada por las principales potencias mundiales (tanto el bloque occidental-capitalista como el bloque soviético); llega el Plan de Estabilización de 1959 y con él, la época desarrollista de la dictadura franquista que abre definitivamente las puertas del mercado español al capitalismo mundial.
Con un gran ejército industrial de reserva (mano de obra), los años del desarrollismo permiten una abundante acumulación de capital que favorece altas tasas de crecimiento del PIB, un aumento del consumo de las familias y de las tasas de inversión, además de un favorecimiento a las entradas de capital extranjero. Sin embargo, a partir de 1973, el ciclo de expansión económica se acaba y las dificultades de rentabilidad se comienzan a sentir, como, por otro lado, ocurre en gran parte de la economía mundial. El modelo desarrollista se agota y como muestra de las limitaciones que el régimen dictatorial supone para la rentabilidad, el PIB per capita español se encuentra muy por debajo de otros países de la Comunidad Económica Europea.
Llega el año 1975 y, tras el fallecimiento del dictador, si bien es cierto que el ya Rey Juan Carlos I renuncia a los poderes individuales que le otorgaba la Ley Fundamental para la Sucesión en la Jefatura del Estado, lo cierto es que, teniendo en cuenta el escenario económico nacional e internacional y el político, en el cual, incluso buena parte de los antiguos defensores del régimen abogaban ahora por acabar con él (al menos de forma oficial); parecía que la opción más beneficiosa para un capital español que había comenzado a crecer y que obligatoriamente tenía que seguir haciéndolo por propia supervivencia, era precisamente, el camino hacia la democracia.
Y volviendo al tema de los poderes, al día de hoy, el ahora rey emérito está huido, dejando tras de sí todo un rastro de cuentas en Suiza, tarjetas opacas y donaciones millonarias presuntamente relacionadas con su papel de intermediario entre países como Arabia Saudí o Kazajistán y grandes empresas españolas como Talgo, Repsol, Inditex, Mango, Renfe o Adif. Además, se sospecha que pueda estar gozando de un trato de favor por parte de la Agencia Tributaria y todo el mundo está escandalizado. Desde un punto de vista moral, no es para menos. Sin embargo, me pregunto: ¿podría haberse esperado algún comportamiento distinto por parte de su figura a la vez que se han salvaguardado los intereses del capital español? Quizá el problema de raíz sea ese, la protección a toda costa de los intereses del capital.
