El absolutismo de la libertad de expresión y el papel de los oligopolios tecnológicos

Por María del Carmen Ojeda Portilla

El inicio del 2021, ha sido tropezado y no nos ha brindado ni un sólo día de “aburrimiento”. El cambio de gobierno en Estados Unidos, la toma al Capitolio por parte de simpatizantes del ex presidente Donald Trump, el bloqueo de sus cuentas oficiales de Twitter, Instagram y Facebook y el debate por el papel que juegan las conferencias matutinas del presidente de México en las inminentes elecciones intermedias, son situaciones que necesariamente me llevan a un tema neurálgico en la actual realidad política del mundo entero: el absolutismo de la libertad de expresión y el papel de los oligopolios tecnológicos.

Desde hace varios siglos, en las primeras declaraciones de derechos humanos, se ha establecido que la libertad de expresión no es absoluta, sino que al ser un derecho conlleva obligaciones y responsabilidades. Este derecho, con sus respectivas obligaciones, es fácil de regular en un foro público tradicional, sin embargo, vivimos un momento histórico sin precedentes, en donde los medios de comunicación más comunes son las redes sociales que, en esencia, son foros privados en donde se dan discusiones públicas. 

Poniendo los hechos sobre la mesa podemos decir que Donald Trump no fue estrictamente censurado, su derecho a expresarse no fue eliminado en sí, sino que un ente privado decidió censurar el medio a través del cual el ex presidente de los Estados Unidos llegaba a más personas, lo que se traduce en una fuerte disminución de su poder. Ahora bien, lo que como sociedad nos debería llamar la atención es el papel que están jugando los dueños de dichas redes sociales al decidir, arbitrariamente, quién puede expresarse libremente y quién no, y no sólo eso, qué pueden decir y qué no.

En lo personal, no me molesta el tema de la censura, no es una palabra que me remueva ni que me asuste como le pasa a muchos libertarios, sin embargo, creo completamente en el papel que juega el Estado, precisamente el Poder Legislativo,  para regular un tema tan relevante como éste. Es innegable que el poder que tienen los políticos a través de sus declaraciones y de sus redes sociales es inmenso y no hay quien se responsabilice de cada una de sus declaraciones. Lo que vemos hoy en día en muchos mandatarios a nivel mundial es una sistematización de la mentira y la demagogia que, en el largo plazo, va a cobrar una gran factura a la sociedad si desde hoy no se pone un alto y se legislan los temas. El hecho de dejar en manos de entes privados la regulación sobre la libertad de expresión (partiendo del hecho que, en su mayoría, los gobiernos utilizan medios privados para comunicarse con la sociedad) genera asimetrías y le concede a dichos oligopolios tecnológicos un poder casi omnipotente, que parecería no ser intuitivo porque estamos muy poco conscientes del poder que tienen las redes sociales hoy en día. El papel del Estado es fundamental, su intervención es de suma necesidad para regular un tema que compete a gobierno y sociedad. Los entes privados han manejado esta situación con hipocresía y laxitud, pues si bien tienen el poder de decidir sobre sus usuarios, dicho poder no se ha utilizado bajo unas mismas normas y criterios; tan dañino es incitar a la violencia en el Capitolio a través de un discurso sistemático sobre un fraude electoral, como incitar una guerrilla en Venezuela. La legislación debe ser global, las redes sociales traspasan fronteras y un poder legislativo especial es la única salvación viable en el corto plazo para esta situación.