Por Arturo Damm Arnal
Una cosa es que el gobierno garantice la vacuna contra el Covid-19 para quienes no puedan pagarla, y en la medida en que no puedan pagarla, y otra que la compre, distribuya y aplique, algo que no debe hacer, ni paralelamente a la iniciativa privada (suponiendo que ésta lo estuviera haciendo), ni mucho menos de manera monopólica, (excluyendo a la iniciativa privada).
En términos más generales: una cosa es que el gobierno garantice la atención médica, no de todos, sino solo de quienes no puedan pagarla (principio de solidaridad), y únicamente en la medida en que no puedan pagarla (principio de subsidiariedad), y otra que se convierta en médico. Lo mismo, por ejemplo, con la educación: una cosa es que el gobierno garantice la educación, no de todos, sino solamente de quienes no puedan pagarla, y solo en la medida en que no puedan pagarla, y otra que se vuelva el educador de la gente.
La pregunta no es si la iniciativa privada debe o no ayudar al gobierno a vacunar a la gente, sino qué debe hacer el gobierno para lograr que todos sean vacunados en un tiempo razonable. Lo que debe hacer es permitir que la iniciativa privada compre, distribuya y aplique la vacuna. Permitir que todo aquel que pueda pagarla, y quiera vacunarse, se vacune. Pagar las vacunas de quienes no puedan pagarlas.
Para que la iniciativa privada pueda comprar las vacunas debe eliminarse su carácter de emergente, por el cual no puede otorgárseles el registro de patente comercial, razón por la cual no pueden comercializarse, carácter de emergente que no es algo inherente a las vacunas, sino una clasificación humana que puede eliminarse (eliminación que no depende del gobierno mexicano).
Si las vacunas ya las compran y aplican los gobiernos, ¿por qué no debería de hacerlo la iniciativa privada? La respuesta es “por su carácter emergente”, algo que, más que una razón, es un pretexto para excluir a la iniciativa privada
Se afirma que, dado que las vacunas siguen en la fase de prueba, aunque ya sea la última, es que solamente deben aplicarlas los gobiernos, lo cual no tiene ningún sentido. Si las aplicara la iniciativa privada, ¿cambiaría la naturaleza de la vacuna? Los riesgos de su aplicación, como los efectos secundarios, ¿aumentarían?
No hay ninguna causa natural por la cual, si los gobiernos ya están aplicando la vacuna, no la deba aplicar la iniciativa privada. Lo que hay son disposiciones oficiales que prohíben la participación de los privados en una tarea en la cual deberían llevar el liderazgo, disposiciones oficiales que pueden, y deben, eliminarse.
La pregunta correcta no es si la iniciativa privada debe participar en la vacunación, ayudando al gobierno, sino por qué el gobierno debería monopolizarla.
Insisto en lo que debe hacerse. Que la iniciativa privada compre, distribuya y aplique la vacuna. Que todo aquel que la pueda pagar, y quiera vacunarse, se vacune. Que el gobierno pague las vacunas de quienes no puedan pagarlas, cerciorándose, para evitar a los gorrones, de que realmente no las puedan pagar.
Toda esta discusión de si la iniciativa privada debe o no participar en la vacunación parte del convencimiento de que la responsabilidad, si no exclusiva, por lo menos sí principal de tal tarea es del gobierno, convencimiento resultado de la gubernamentolatría, de la creencia, entre otras, de que el gobierno es mejor que la iniciativa privada. ¿Lo es?
