Quimera

Los autores de la nueva economía institucional como Ha-Joon Chang, Elinor Ostrom o Dani Rodrik, aunque con diferencias, señalan directamente a las instituciones como un pilar fundamental del desarrollo de una economía. Sin desviarse del clásico objetivo de equilibrio macroeconómico, aluden a la necesidad de unas “buenas instituciones” y de una “buena gobernanza” como elemento imprescindible de su concepción integral del desarrollo. De hecho, Rodrik identifica como países subdesarrollados a aquellos cuyas instituciones están mal formadas o no existen.

A partir de este punto, hoy, tomando como referencia mundial de esta concepción amplia del desarrollo (yendo este más allá del mero crecimiento macroeconómico; con “rostro humano”) a la Unión Europea y, en concreto, a España, quiero lanzar una reflexión como continuación de otras anteriormente realizadas en este mismo espacio.

Ya se contó cómo la detención del artista Pablo Hasel significó la gota que colmó un vaso lleno de precariedad laboral, represión de la libertad de expresión y, en general, unas condiciones materiales muy deficientes entre la población joven. Como muestra de ello, las movilizaciones en la calle han continuado en todo el país a lo largo de estas semanas. Sin embargo, la opresión, lejos de tan siquiera mantenerse, se ha multiplicado. Y lo ha hecho con especial virulencia en Madrid, una ciudad cuya calidad de sus instituciones pocos lectores pondrían en duda.

Así, el día 8 de marzo la Comunidad de Madrid se convierte en la única autonomía española en prohibir las manifestaciones con motivo del Día de la Mujer Trabajadora aludiendo a motivos de salud pública. Por otra parte, tras la represión directa que tuvieron las manifestaciones anteriores en favor de la puesta en libertad del cantante y previendo la más que probable negativa de la autorización de las mismas (siguiendo el patrón de las últimas peticiones), el día 20 de marzo se organiza una marcha no convocada en Madrid que se hace eco en otras ciudades como Barcelona o Málaga. La reacción de las instituciones autonómicas y estatales es implacable.

Días antes, ciertos medios de comunicación nacionales publican ya lo que parece un plan de defensa policial ante la invasión de “sendos grupos radicales de ultraizquierda” como preparando a la ciudad para un fatal ataque. Llega el día de la marcha y el despliegue policial no deja indiferente: el centro de Madrid se llenó de miles de agentes antidisturbios, furgones policiales, helicópteros y drones. Ante esta situación, evidentemente la marcha no tiene lugar por lo que los organizadores deciden desconvocar a los allí presentes y de manera pacífica cada uno intenta volver a casa. Sí, intenta. Al pretender abandonar la calle, los agentes deciden coartar la libertad de tránsito permitiendo como única salida posible la que ellos indican. El resultado es que todos los manifestantes terminan encerrados en una calle con barreras policiales a uno y otro extremo de la misma y la única forma de salir es mediante la entrega del documento nacional de identidad al que incluso llegan a fotografiar. La intención es clara: la próxima vez que se pretenda ejercer el derecho a manifestación, se pensará dos veces. Por supuesto, la alusión a la salud pública debido a la excepcional situación sanitaria les viene de perlas; argumento que por otro lado parece no aplicar ni en los centros comerciales ni en las terrazas abarrotadas de turistas centroeuropeos que vienen a disfrutar de la laxitud de medidas restrictivas en el ocio que en sus países no encuentran.

Cuando todo pasa, la criminalización continúa y se llegan incluso a encontrar artículos en los que se realiza de una forma muy meticulosa y bien trabajada (nótese la ironía) un análisis comparativo entre estos manifestantes a los que catalogan como la “ultraizquierda” española y los grupos franquistas, neonazis y antisemitas que se manifestaron en favor de la División Azul, la unidad militar que envió el dictador Francisco Franco a Rusia para apoyar a Hitler.  

Mientras tanto, el Consejo de Europa insta a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) y señala específicamente cuatro puntos: la normativa sobre controles y registros de personas en lugares públicos, la vigilancia de manifestaciones espontáneas y la responsabilidad de los organizadores de éstas, las severas sanciones administrativas previstas por la Ley y las devoluciones de extranjeros en la frontera española en Ceuta y Melilla. Como suelo hacer, termino en interrogante: ¿son realmente las instituciones un buen medidor del desarrollo de una economía o del funcionamiento democrático de un país? ¿o simplemente son una parte más de un sistema cuyas contradicciones necesariamente asume?