Eduardo López Chávez
Dos, son las condiciones que deben darse para generar interés entre los inversionistas internacionales, primero, una política económica encaminada no solo al crecimiento, sino también a la generación de empleo y al fortalecimiento del mercado interno y segundo, certeza jurídica que en buen cristiano es lo que se conoce como estado de derecho.
La primera condición, es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo a través de la implementación de planes, programas y acciones encaminadas a lograr los objetivos planteados al inicio de la administración que corresponda, por cierto, en este tema no podemos decir que vayamos bien. La segunda, para algunas personas es una mezcla de varios aspectos y situaciones como, por ejemplo, la fortaleza institucional o el sentido de justicia implícito en las leyes y reglamentos que rigen al país, sin embargo, puede resumirse en la siguiente frase: cumplir con la ley sin permitir ni dar preferencia a nadie sobre otros.
La certeza jurídica, permite que toda aquella persona que desee realizar cualquier actividad económica o de otra índole dentro del territorio nacional, tenga asegurado el pleno ejercicio de sus derechos y perfectamente delimitadas sus obligaciones, en este sentido, el Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad encargada de resolver cualquier controversia para asegurar, que el equilibrio entre los poderes y la convivencia social se mantenga en todo momento, que los particulares cumplan con sus obligaciones y las autoridades les respeten y permitan ejercer sus derechos sin ninguna restricción.
Lo anterior, potencializa los alcances de las políticas económicas implementadas por el gobierno, creando interés en los capitales tanto nacionales como extranjeros, esto es, buenas políticas económicas + estado de derecho = atracción de inversión = creación de empleo = aumento del consumo = expansión de la oferta = crecimiento económico pero ¿que pasa cuando las condiciones iniciales no están bien planteadas?
Lo sucedido recientemente en la cámara de Senadores, rompe completamente la segunda condición (la primera se rompió al inicio del sexenio); la aprobación de la ampliación del mandato de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar, ha sido interpretada como otro intento del morador de palacio nacional para controlar al Poder Judicial, lo que de acuerdo con algunos estudiosos del tema, le permitiría hacer y deshacer según su antojo, desde crear y derogar leyes “…no le muevan ni un coma…”, hasta determinar la legalidad y aplicación de las mismas “…si la ley no lo permite, pues cambiamos la ley…”, ¿se imagina usted mi querido lector el grave riesgo económico que esto representa?
De acuerdo con algunos expertos en el tema, la decisión está basada en un artículo transitorio de una ley secundaria y contraviene lo señalado en la constitución, pero mas grave aún, deja al completo descubierto la gran ignorancia legislativa de la bancada de Morena y de quienes desde la oposición votaron a favor ¿será acaso que hay algo detrás de la decisión? la justificación de todo este entramado nos remite al hijo predilecto de Macuspana, que argumentando la conducción a buen termino de la reforma del Poder Judicial, pidió se aprobara la propuesta.
Los periodos transexenales de los ministros, tienen como finalidad garantizar la independencia del Poder Judicial, que no tengan compromiso de ningún tipo y les permita ser imparciales al momento de dar una resolución, si algo tan sencillo no se entiende y no se respeta, ¿qué tipo de garantía podría tener un inversionista de que no le van a cambiar las reglas de la noche a la mañana? ya sucedió con la cancelación del NAICM y ahora con esta situación, la inversión puede volver a dudar, mientras el tabasqueño continúe pensando que las leyes y el estado descansan en él, tenemos un serio problema, ¿quiere darle un golpe de realidad? vaya a votar, pero que sea un voto informado, no permitamos que siga diciendo cosas como “me iré tranquilo” en 2024 “si me lo permite la gente”. ¿ya chole con sus delirios no? por cierto, esperemos que en la Cámara de Diputados se pare este ataque a la democracia nacional, aunque siendo Morena quien tiene la mayoría relativa no apostaría a favor.
