María América Gutiérrez González
La realidad
En México, la mayor parte de la población que está sujeta a un proceso jurisdiccional son personas inmersas en condiciones alarmantes de pobreza, ignorancia, injusticia, falta de oportunidades y extrema violencia. Resultado de esto, cuando se les presenta contener un proceso penal les es imposible contratar un abogado particular y se ven obligados a aceptar un operador jurídico que el Estado les otorgue de manera gratuita (Defensor de Oficio).
Por lo anterior, resulta preocupante si analizamos cómo es la calidad del servicio que pueden brindar los Defensores de Oficio, al tener cientos de casos que atender, cada uno diferente, con complejidades distintas, por un sin número de delitos de toda índole. En el año 2017 existieron 362,805 asuntos penales en el país y 4,141 defensores públicos, lo que significa que cada uno patrocinó aproximadamente 87.63 defensas, esto se traduce a que recibieron cada 4 días un asunto nuevo.
Asimismo, es bien conocido que los usuarios del sistema judicial penal mexicano, en su mayoría no perciben quien es su defensor o, peor aún que no saben el estatus de su asunto y el motivo por que continúan recluidos. La gran mayoría de estas personas, desconocen la potencial aplicación de los beneficios preliberatorios o inclusive de salidas alternas; otros han sido víctimas de asesoramientos superficiales y de mala praxis, donde se les promete libertad a cambio de reconocer su participación en un hecho del cual no participaron.
La Defensoría de Oficio derecho humano al acceso de la justicia
La Defensoría pública es un servicio público gratuito que presta el Estado a través de la “defensoría del pueblo”, mediante el cual se provee de un defensor gratuito a las personas que se encuentran en imposibilidad económica o social de proveer por sí misma la defensa de sus derechos, para asumir su representación judicial o extrajudicial. El fundamento de dicho derecho lo encontramos en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los numerales 10 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Derivado de lo anterior, surge necesariamente una nueva pregunta: ¿cómo puede el Estado mexicano para garantizar a todas y todos un mínimo en materia de acceso a la justicia y defensa adecuada?
Para responder lo anterior, los gobiernos federales y locales están obligados a realizar todas las acciones necesarias para establecerla. En México lo anterior implica la erogación de un presupuesto anual de $13,515,962.00 (trece millones quinientos quince mil novecientos sesenta y dos pesos) y una nómina de 5,377 servidores públicos que prestan sus servicios al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Sin tomar en cuenta los 982 profesionales del derecho que prestan sus servicios al mismo.
Los desafíos de la defensoría pública
Como se ha podido observar en los dos apartados anteriores, la Defensoría Pública en México no pasa por su mejor momento. Existe una deuda social que el Estado mexicano no puede solventar en beneficio de las personas en estado de vulnerabilidad.
Los cuatro problemas fundamentales de la Defensoría Pública son:
1. Su estructura y recursos humanos, 2. La capacitación y profesionalización del personal, 3. El exceso de procesos judiciales y 4. La carencia de un sueldo apropiado para estos servidores públicos.
Posibles estrategias para la mejora de la Defensoría de Oficio en México
PRIMERA.
Implementar campañas de prevención del delito y revisar el catálogo de las penas, para que no todas estas sean privativas de libertad. De esta manera, se ofrecerá a los ciudadanos presuntos responsables o imputados de mecanismos alternativos para la expiación de sus acciones. Es evidente que esto dependerá del grado de su peligrosidad social y del contexto de la comisión del o de los delitos.
La dignidad humana debe ser el eje rector de las actuaciones del poder político nacional.
SEGUNDA.
Auxiliar a la Defensoría de Oficio por medio de la asistencia del trabajo pro bono de todos los abogados del país.
TERCERA
Implementar la participación del sector privado para que se contraten abogados a través de licitaciones públicas con procesos rigurosos y honestos. Esto permitirá una mejora en calidad del servicio de la Defensoría.
CUARTA.
El diseño, la estrategia, la planeación, el desarrollo y la ejecución de políticas públicas tendentes al mejoramiento de las instituciones.
EN MI OPINIÓN:
Si queremos un Sistema de Justicia Penal efectivo, debemos de apostar e instaurar una Defensoría Pública suficiente y de calidad o quedaremos con defensores trajeados de inaptitud…
