31 de julio de 2025 8:39 pm
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OPINIÓN

Legalizar las drogas en México: una cuestión de enfoque.

En un país en el que más de la mitad de sus habitantes sobreviven en condiciones de precariedad social, laboral y económica, la producción y venta de drogas representan una salida fácil —y en muchos casos, la única solución— a una situación de pobreza extrema...

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Rodrigo Saval Pasquel

Existe evidencia para afirmar que las drogas han estado presentes en cada etapa del desarrollo de las sociedades humanas. Desde el inicio de la civilización hasta la actualidad, han sido utilizadas por diferentes culturas ya sea con motivos religiosos, medicinales, culturales, lúdicos o sociales.

No obstante, en décadas recientes, el debate público ha trascendido la necesidad de definir la motivación detrás de su uso, y más bien se ha enfocado en determinar su estatus jurídico, ya sea apoyando a su legalización o a su prohibición. Ambos bandos cuentan argumentos lógicos a favor de sus posturas, pero ¿qué ruta y —más importante— qué enfoque deben de tomar las autoridades?

Históricamente, en nuestro país se ha adoptado un enfoque punitivista en el cual se establecieron medidas coercitivas que criminalizan la venta, consumo y producción de drogas, a través de la prohibición, persecución y encarcelación de quienes participen en estas actividades.

En un país en el que más de la mitad de sus habitantes sobreviven en condiciones de precariedad social, laboral y económica, la producción y venta de drogas representan una salida fácil —y en muchos casos, la única solución— a una situación de pobreza extrema, por lo que recluir a quienes incurren en estas prácticas por no tener otra alternativa, disminuye sus posibilidades de alcanzar una condición social estable.

También es importante mencionar que al ser mercancía ilegal, se generan mercados negros en los que los intermediarios controlan los precios y eluden un proceso de control de calidad, poniendo en riesgo a consumidores, y permitiéndoles obtener ganancias millonarias mientras se evaden impuestos.

En el caso del consumo, aunque ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declara inconstitucional el impedir el uso recreativo de la marihuana, desde un punto de vista social, sigue existiendo cierto rechazo a quienes usan drogas —independientemente del fin con el que lo hagan—, causando que el tejido social se debilite de manera progresiva.  

Quienes son adictos a sustancias generalmente son percibidos como prófugos a marginar en lugar de personas que necesitan rehabilitación, y se debe de partir desde el hecho de que las adicciones son enfermedades. Si esta percepción no se modifica, se seguirá cometiendo el error equivalente a encerrar en prisiones a personas con esquizofrenia por el simple hecho de padecer una condición.

En general, las personas que están a favor de medidas penales apelan a un sentido de moralidad en el que se promueve el paternalismo estatal a través de la intervención de las autoridades en las decisiones de la esfera privada. Ya que quienes defienden esta postura aseguran que la legalización de las drogas va a generar un aumento natural en el consumo de las mismas. Sin embargo, es importante analizar las estrategias y resultados de otros países.

En algunos países de Europa, el tema se ha abordado desde un enfoque de salud pública. Por ejemplo, en Holanda se legalizaron las drogas “suaves” derivadas de la marihuana, y sus usuarios son identificados como enfermos. En Portugal, se copió el modelo holandés y se descriminalizaron la mayoría de las drogas con el objetivo de eficientar la asignación de recursos y de, paradójicamente, reducir el consumo de las mismas.

Al revisar el caso holandés, el consumo de marihuana disminuyó e incluso se mantiene por debajo de la media europea. En Portugal, los recursos anteriormente asignados a tareas de seguridad relacionadas con el consumo y venta de drogas fueron redirigidos al sector salud en términos de rehabilitación e información, y actualmente cuentan con el menor porcentaje de usuarios de drogas en Europa, además de lograr una disminución sustancial en cifras de incidencia delictiva.

Aunque coincido en que las adicciones en general causan daños importantes, también considero que prohibirlas no va a evitar su uso. Cambiemos de enfoque, legalizarlas no es sinónimo de promoverlas. Comuniquemos sus consecuencias, regulemos su venta y producción, y pacifiquemos al país. Prohibido prohibir, es hora de legalizar.

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