Alejandro Javier Saldaña Brito
En momentos en los que la inflación es tan alta y generalizada, como los que se viven actualmente, es común escuchar que los gobernantes hablen de “controles de precios”. Esta medida aparentemente ofrece una rápida solución al problema del incremento de precios. Sin embargo, esta también generará una reacción, la cual, probablemente, terminará por empeorar la situación.
La inflación en México ha estado superando el 4% anual desde marzo de 2022 e, incluso, registró en febrero pasado un crecimiento de 7.3%. No solamente el incremento en los precios ha sido generalizado, adicionalmente, la mayor presión se ha observado en componentes de la canasta básica tan elementales como los alimentos frescos (frutas y verduras +19.6% a/a) y procesados (mercancías alimenticias +9.4% a/a).
Ahora, para los gobernantes, puede resultar atractivo anunciar medidas de “control de precios”, que, básicamente, es poner un precio máximo a la venta de uno o varios bienes y servicios. En el corto plazo, la medida puede parecer efectiva. Los vendedores, ante el temor de enfrentar las sanciones que se hayan determinado para quien ofrezca los bienes y servicios en cuestión por encima del tope “oficial”, podrían acatar la resolución.
Sin embargo, lo que va a pasar después es que cada vez habrá una menor disponibilidad de los bienes y servicios sujetos a la nueva regulación. A grandes rasgos, uno de los factores detrás de la elevada inflación que se vive hoy es el encarecimiento de los costos de insumos para la producción, desde materias primas hasta servicios de transporte de mercancías, lo que es traspasado, en parte, al consumidor final. De no poder hacer este traslado de costos al consumidor, los márgenes de utilidad de los productores se irían erosionando hasta el punto de que sus actividades dejarán de ser rentables y se verían forzados a salir del mercado. Así, la cantidad ofrecida de los bienes y servicios ahora regulados sería menor. Ciertamente, los precios no cambiaron, pero vale la pena recordar que no hay bien más caro que el que no se puede conseguir a ningún precio.
Los problemas no terminan ahí, dado que, aunque los precios se fijen, la inflación puede seguir aumentando, si se toma en consideración las variaciones en la calidad de los bienes y servicios. Supongamos que se fija el litro de leche en su precio actual, de $10. En respuesta, los productores, si sus costos siguen en aumento y son imposibilitados de trasladar estos al precio final, podrían optar por mezclar 500 ml de leche con 500 ml de agua. Así, los consumidores tendrían que comprar 2 lt de leche diluida y gastar $20 para satisfacer la misma necesidad que antes era cubierta con 1 lt de leche sin diluir, por $10. Esto también es inflación.
Este tipo de medidas surgen de un mal entendimiento de cómo funciona una economía de mercado. Las economías de mercado operan a través de la libre cooperación y no por decreto, y el sistema de precios es el código que utilizan productores y compradores para entender qué, cómo y cuánto se debe de producir. Si la demanda por un bien aumenta, sus precios se elevarán, lo que a su vez dará la señal a los productores para expandir su oferta y satisfacer la necesidad de los consumidores, a cambio de una mayor utilidad. Si el sistema de precios se obstruye, los productores nuevos o potenciales perderán el incentivo (más utilidades) para elevar su producción, satisfacer las necesidades de los consumidores y generar un nuevo equilibrio de mercado, donde los precios podrían ser incluso menores que antes.
Sin duda, estos ajustes no son inmediatos, puesto que, para elevar la producción, se necesita conseguir capital, comprar maquinaria y contratar trabajadores. Sin embargo, dejar que el sistema de precios y el ajuste en los factores de la producción operen libremente, es preferible a tomar medidas artificiales, como el control de precios, que derivarán en problemas más severos en el mediano y largo plazo.
