El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de lograr el cierre definitivo de la minera estadounidense Vulcan en Quintana Roo antes de que termine su mandato el 1 de octubre. Esta decisión se basa en presuntos daños medioambientales causados por la extracción de piedra caliza, acusación que la empresa ha negado consistentemente.
En 2022, el gobierno mexicano ordenó la suspensión de las operaciones de Vulcan, citando preocupaciones ambientales. Posteriormente, en 2023, las fuerzas de seguridad locales tomaron control del puerto adyacente desde donde Vulcan exportaba su producción a Estados Unidos. López Obrador, conocido por sus iniciales AMLO, expresó en su conferencia de prensa diaria: «Antes de irme tengo que dejar resuelto eso y lo vamos a resolver legalmente. Ya hay una clausura, pero quiero que sea una clausura definitiva porque es mucho el daño que han causado».
En mayo, AMLO respondió a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien sugirió que la clausura podría ser vista como una expropiación y que esta medida no favorecería la atracción de inversiones. López Obrador negó tales afirmaciones, asegurando que su gobierno ha actuado dentro del marco legal.
El año pasado, el presidente ofreció 6,500 millones de pesos (aproximadamente 391 millones de dólares) para comprar el terreno donde opera Vulcan, con el objetivo de convertir la zona en un desarrollo turístico con un puerto para cruceros. Esta propuesta busca transformar la península de Yucatán, donde se encuentra la mina, en un punto turístico, en línea con otros proyectos de infraestructura importantes de su administración, como el Tren Maya. Este ferrocarril turístico de aproximadamente 1,500 kilómetros ha sido objeto de controversia por posibles impactos ambientales, según diversas organizaciones civiles.
