En los últimos meses, nuestro país se ha enfrentado a una agitada y abrumadora tormenta de cambios y preocupaciones. Ciertamente, los resultados electorales del pasado 2 de junio han generado una gran variedad de sentimientos, cuestionamientos e inquietudes con respecto al futuro de nuestro país.
Algunas de las propuestas que han generado mayor inquietud entre la ciudadanía, los mercados y los expertos se puede pensar que son de carácter institucional, tales como la reforma al poder judicial y a las instituciones electorales, por mencionar algunos ejemplos. Si bien es cierto que se podría argumentar que el riesgo e implicaciones de este tipo de reformas son principalmente democráticas y sociales, la realidad es que su impacto va mucho más allá, trascendiendo así lo político y social.
La política y la economía tienden a entenderse y estudiarse de manera separada e independiente; sin embargo, en la vida real y en la práctica estas son básicamente inseparables. No hay política que no impacte en la economía y no hay economía que no impacte en la política.
¿Por qué es esto relevante?, pensarán muchos; ¿qué tiene esto que ver conmigo?, preguntarán otros. En México hemos construido un sistema político y una opinión ciudadana que con frecuencia se enfoca en diseñar y criticar las políticas públicas, así como las propuestas de las mismas, de manera aislada y específica, cuando en realidad debiésemos hacerlo, dada la naturaleza e impacto de estas, de manera integral.
Desafortunadamente, no basta con tener una buena idea o una buena intención al momento de gobernar. No podemos resolver un problema integral con soluciones aisladas.
Las políticas públicas cuestan y cuestan mucho, puedes verlo como que le cuestan al país o como que le cuestan a tu bolsillo; ambas afirmaciones son igual de ciertas. Sin embargo, pareciera que frecuentemente cuando los gobiernos plantean un cambio tienen un incentivo político y/o electoral, sin contemplar la eficiencia necesaria para la estabilidad; si algo debemos hacer como ciudadanía en este sexenio que está por comenzar es obligar a cambiar esa realidad.
Recientemente, Antonio Martínez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) mencionó que en el próximo gobierno no será necesaria una reforma fiscal para cubrir los gastos del gobierno.
Lo cierto es que no se necesita ser experto para darse cuenta de que, teniendo poco o mucho dinero, el gobierno no está gastando de manera eficiente. Las escuelas públicas no tienen el mantenimiento que les corresponde, los hospitales tampoco, los aeropuertos tampoco, el ministerio público tampoco, esto solo por mencionar algo que todos y todas hemos visto; y sí, se ve en algo tan básico como un par de paredes despintadas y agrietadas.
Ante esta declaración, me resulta inevitable pensar, ¿cómo vamos a pagar las más de 100 propuestas de campaña que nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum hizo?
Si es necesaria una reforma fiscal o no, es un asunto que se debe reflexionar con más calma y espacio que en un par de párrafos; sin embargo, lo que debemos asegurar sin excepción es que definitivamente lo que estamos haciendo no es suficiente ni eficiente.
¿Por qué no estamos hablando de eso? No basta con que hablemos de democracia y justicia, factores que son sumamente importantes, pero los cambios también cuestan, también impactan en nuestra economía nacional e individual.
Cambiarle el nombre al Consejo de la Judicatura cuesta, organizar elecciones para elegir a los ministros de la Suprema Corte cuesta. ¿Por qué no nos detenemos a eficientar primero lo que ya tenemos antes de seguir gastando en ideologías?
Antes de proponernos cambiar todo lo que tenemos, merece la pena contemplar si los cambios que se proponen realmente son viables y rentables; y eso comienza desde la perspectiva ciudadana. Es momento de que veamos al país como lo que es, nuestro hogar, por ende administrémoslo con el mismo cuidado y eficiencia con la que procuramos el gasto de nuestros hogares. Puede ser que no toda política pública te impacte o esté dirigida a ti, pero lo que sí es un hecho es que toda política pública es financiada en cierta medida, gracias a los impuestos que pagas.
Es momento de que llevemos el análisis un paso más allá. Necesitamos encontrar soluciones integrales, con argumentos sólidos y que realmente sean económicamente viables. Desafortunadamente en nuestro país abundan las carencias y los problemas, para dar solución debemos priorizar las acciones a realizar con base a su impacto y su costo. No podemos seguir distrayendo nuestra atención en promesas bonitas, pero vacías y sumamente costosas.
El tiempo es oro. De ahora en adelante la misión de este espacio es ese, analizar cómo los actos de gobierno y las políticas siempre tienen dos caras de la moneda y un impacto más profundo de lo que parece. Te invito a que juntos continuemos este análisis dual.
