Entre 2012 y 2023, 15 personas juzgadoras y seis personas actuarias han sido asesinadas en México, reveló el informe “Cuando impartir justicia es peligroso: los ataques a la integridad del personal judicial en México”, elaborado por la organización México Evalúa. Estos datos subrayan las amenazas constantes a la independencia del Poder Judicial en el país, provenientes tanto de actores externos como de los propios poderes del Estado.
El informe señaló que los datos de homicidios se basan en una revisión hemerográfica, lo que sugiere que el número real podría ser mayor. Según la ONG, solo el Poder Judicial del Estado de México y el federal cuentan con registros oficiales sobre estos incidentes.
En cuanto a los homicidios de personas juzgadoras, la mayoría de las víctimas han sido hombres, con predominio en la materia penal (seis de los quince casos). En el caso de las personas actuarias, no se pudo determinar la materia en la que laboraban.
A pesar de la gravedad de esta situación, la investigación destacó la falta de atención a las agresiones contra los integrantes del Poder Judicial. Un caso emblemático es el de Guerrero, donde se registran el mayor número de homicidios de personal actuario (dos) y juzgador (tres), pero donde las autoridades judiciales solo reconocen agresiones de índole verbal.
El informe también reveló que, a nivel nacional, solo los poderes judiciales de Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato y Zacatecas cuentan con estrategias institucionales para la protección de su personal, establecidas en su normatividad.
Agresiones y amenazas
Además de los homicidios, una encuesta realizada a 1,483 personas de 19 poderes judiciales estatales reveló que el 40% del personal ha sufrido alguna forma de agresión o amenaza. Los actuarios son los más afectados, con un 52% reportando agresiones o amenazas, en comparación con el 21% de los juzgadores.
Las agresiones hacia los actuarios suelen ocurrir en contextos de riesgo elevado, debido a la naturaleza de su trabajo, que incluye la realización de notificaciones y diligencias en espacios públicos o privados, frecuentemente fuera de la protección de una oficina. En cambio, los ataques hacia los jueces suelen ser más premeditados, dirigidos a influir en sus decisiones judiciales o como represalia por las mismas.
Las amenazas más comunes incluyen lesiones, homicidio, daño a familiares y actos de persecución. Sin embargo, solo el 39% de los jueces y el 29% de los actuarios denunciaron estos incidentes ante las instancias internas, y de ellos, una mínima parte recibió medidas de protección.
Injerencias en el Poder Judicial
El informe también denunció que, entre el 1 de enero de 2023 y el 17 de enero de 2024, se identificaron 167 señalamientos públicos en contra de personal judicial, de los cuales el 98% consistió en declaraciones públicas, y el 88% de ellas fueron emitidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, concluyó durante la presentación del análisis que para garantizar un acceso a la justicia libre de injerencias y presiones indebidas, es fundamental que el personal judicial cuente con garantías que aseguren su independencia, incluida la protección a su integridad.
