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A 12 días de las elecciones en Estados Unidos, y cuando más de 24 millones ya han votado, la posibilidad de que Trump gane nuevamente la presidencia toma mayor fuerza. Aún cuando las encuestas más recientes del New York Times y de Reuters dan a la vicepresidenta una ventaja de tres puntos a nivel nacional, Trump tiene una mínima ventaja – o está empatado – en la mayoría de los siete estados que decidirán la elección.
Harris no ha logrado convencer a la mayoría de los hombres afro-americanos que es apta para liderear al país; a la población universitaria que votará en su mayoría por primera vez, del apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel; ni a un porcentaje importante de latinos, que están cada vez más divididos entre ambos partidos. Por otro lado, desde hace más de seis semanas las encuestas dan una ventaja de hasta diez puntos a Trump cuando a la gente se le ha preguntado “quién considera que está mejor calificado para resolver los problemas económicos” y “cuál es el candidato que está mejor calificado para resolver los problemas en la frontera con México”. En este caso, hay que destacar que Kamala ha centrado su campaña en la restitución de los derechos reproductivos de la mujer, que está de acuerdo en mantener varias de las políticas migratorias implementadas por Trump y no ha explicado toda su plataforma económica.
El apoyo de López Obrador para Trump siempre ha sido claro. Incluso, cuando Trump fue declarado culpable este año por falsificar sus declaraciones de gastos de campaña en el 2016 para ocultar el pago de 30,000 dólares a Stormy Daniels y se le ordenó pagar al gobierno del estado de Nueva York 354 millones de dólares por presentar declaraciones fiscales incorrectas, López Obrador declaró que la decisión sobre si Trump era culpable se le debería dejar al pueblo. Hasta la fecha, la presidenta Sheinbaum no ha dicho nada que indique que el apoyo de Morena hacia Trump ha cambiado.
Trump ha declarado que su segundo periodo de gobierno será más proteccionista que el primero, con una política orientada a atraer empresas a territorio estadounidense y reducir la presencia internacional de los Estados Unidos. Los productos mexicanos representan hoy en día el 16% de las importaciones totales en aquel país y su crecimiento en los últimos seis años es consecuencia – en buena medida – por el aumento en el precio de las importaciones chinas, luego de los aranceles que Trump les aplicó en el 2018. La aplicación de aranceles a productos mexicanos sería ilegal pero podría representar una pérdida anual de 0.5%-1.0% de mercado, cuyas repercusiones pueden ser más importantes al considerar que la producción de exportación de México está diseñada para cumplir con las normas del mercado de Estados Unidos. El reto sería colocar esos excedentes en otros países.
En tanto que Estados Unidos importa más de la mitad de los insumos y materias primas que requiere – actualmente sin aranceles en la mayoría de los casos – la política arancelaria de Trump generaría mayor inflación al aumentar el precio de los insumos y el costo de producción, lo que se reflejaría en mayores precios de venta al público. Siendo Estados Unidos el origen del 41% de nuestras importaciones, 76% de ellas bienes intermedios que se utilizan para la producción, ello generaría mayores costos de producción en México y mayor inflación en el país. Los aumentos de precios al consumidor podrían aumentar conforme se debilite el peso.
El gobierno de Xi Jinping considera a México como un país estratégico y prioritario y ha buscado diversos acercamientos desde 2013. El gobierno de Enrique Peña vio con buenos ojos la inversión china en territorio mexicano, lo que generó diversos roces con el presidente Obama que se oponía. Hoy en día, el gobierno mexicano considera que la inversión china podría compensar en parte la pérdida de inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos, España y otras naciones y desde hace varios años no mantiene un registro transparente de la inversión realizada por empresas chinas. Este será uno de los temas a tratar durante la revisión del TMEC en el 2026, si se llega a dar.
Finalmente hay que considerar los efectos de una deportación masiva y la enorme presión social que ello generaría. No sabemos los detalles de cómo se realizaría esta medida, pero el gobierno no tiene contemplado en el presupuesto 2025 una partida. México enfrentaría la necesidad de acomodar a millones de personas que buscarían ganarse el sustento sin recursos suficientes.
