Tras su reciente victoria electoral, Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, y con él, la atención en el llamado Proyecto 2025, un ambicioso plan conservador para reestructurar el gobierno federal de Estados Unidos. El plan, impulsado por la Fundación Heritage, propone consolidar poder en manos del presidente, reducir el aparato estatal y reformar agencias federales clave, como el FBI y el Departamento de Educación. Aunque Trump ha intentado desligarse del proyecto, su regreso al poder ha reavivado las discusiones en torno a esta iniciativa.
El Proyecto 2025 es un extenso documento de 900 páginas, en el que participaron exfuncionarios de la administración Trump y más de 100 organizaciones conservadoras. Entre sus propuestas más radicales se encuentran la eliminación de protección laboral para miles de empleados públicos y la consolidación de agencias de inmigración con poderes expandidos. Además, sugiere la eliminación de términos en las regulaciones federales como «orientación sexual» y «diversidad», así como un cambio en las políticas energéticas, priorizando el petróleo y el gas sobre las energías renovables.
Durante la campaña, el Partido Demócrata criticó duramente el plan, señalando que sus objetivos «destruirían la democracia estadounidense». En respuesta, Kevin Roberts, presidente de la Fundación Heritage, defendió el Proyecto 2025 como una «segunda revolución estadounidense», una declaración que causó gran controversia en medios y redes sociales. Mientras que los seguidores de Trump ven en el proyecto un retorno a valores tradicionales, los detractores temen un retroceso en derechos civiles y políticas inclusivas.
A pesar de la polémica, el Proyecto 2025 ha captado la atención de la opinión pública como una posible guía para el próximo mandato de Trump. Aunque el presidente electo asegura que su administración tendrá la última palabra en las decisiones, el plan establece una serie de estrategias que, de implementarse, redefinirían profundamente el gobierno y la sociedad estadounidense.
