Con su reciente victoria electoral, Donald Trump asumirá la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, impulsando un polémico plan de deportación masiva que busca expulsar a un millón de migrantes indocumentados. Su equipo, incluido el vicepresidente electo JD Vance, ha reafirmado esta intención, aunque los expertos alertan sobre la complejidad de una medida de esta magnitud, que afectaría profundamente a comunidades y familias migrantes en todo el país.
El plan se enfrenta a barreras legales y logísticas importantes. La legislación estadounidense garantiza a los migrantes indocumentados el derecho a un debido proceso antes de su expulsión, por lo que ejecutar deportaciones masivas requeriría una expansión significativa de los tribunales de inmigración, ya saturados. Además, la cooperación de gobiernos locales sería esencial, pues en muchas ciudades, denominadas “santuarios”, se han aprobado leyes que limitan el apoyo a las agencias federales en operaciones de inmigración.
Desde el punto de vista operativo, movilizar los recursos necesarios para deportar a un millón de personas en un año representa un desafío enorme. Actualmente, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sus sistemas de detención y transporte están diseñados para cifras de deportación mucho menores. Aaron Reichlin-Melnick, del Concejo de Inmigración de EE.UU., advierte que los costos de un programa de tal magnitud ascenderían a miles de millones de dólares, al requerir tanto personal como instalaciones y medios de transporte adicionales.
Más allá de los retos prácticos y financieros, el plan también tendría un alto costo político. Las imágenes de familias siendo separadas y de operativos masivos en ciudades y comunidades podrían repercutir negativamente en la opinión pública. Según Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), este enfoque de deportación masiva traería a la memoria la política de separación familiar de 2018, generando una ola de críticas y complicando el panorama para Trump en términos de relaciones internacionales y derechos humanos.
