Este costo incluye la pérdida de vidas, la reducción de la calidad de vida, el aumento del gasto público en prevención y control, así como los gastos en seguridad por parte del sector privado en 22 de los 33 países de la región. Ilan Goldfajn, presidente del BID, destacó que estos recursos, en lugar de destinarse a innovación o mejora de infraestructura, se ven absorbidos por las consecuencias del crimen y la violencia.
Además de los costos directos, existen impactos indirectos como la disminución de la inversión, menor productividad empresarial, aumento de la migración y afectaciones al turismo, sector clave para las economías de la región. Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del FMI, señaló que la creciente inseguridad se ha convertido en un factor determinante para la prosperidad y el desarrollo económico, afectando, por ejemplo, la integración de las mujeres al mercado laboral formal.
En el caso de México, la presencia de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas generan costos significativos para las empresas. El FMI ha indicado que el crimen, la inseguridad y la corrupción son limitantes clave para las nuevas inversiones, la generación de empleo y el crecimiento económico del país. La impunidad y la percepción de corrupción entre las fuerzas policiales facilitan la operación del crimen organizado e inhiben la presentación de denuncias, lo que agrava la situación.
Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar políticas públicas efectivas que aborden la inseguridad y promuevan un entorno propicio para el desarrollo económico sostenible en América Latina.
