Desde su adopción en 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) se ha convertido en el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia, con 196 países comprometidos a proteger los derechos de los menores. Sin embargo, Estados Unidos destaca como el único país que no ha completado este proceso, dejando a millones de niños fuera de las garantías legales que el tratado establece.
Aunque Washington firmó la CDN en 1995 bajo el gobierno de Bill Clinton, nunca se presentó al Senado para su ratificación. Los detractores, principalmente conservadores, argumentan que el tratado podría socavar la soberanía nacional y la autoridad parental, al exigir ajustes legales para cumplir con los 54 artículos que componen la convención. Entre sus preocupaciones destacan que otorgar derechos legales a los niños podría interferir con las decisiones familiares, además del impacto en leyes como las sentencias de cadena perpetua para menores, aún vigentes en varios estados del país.
A pesar de los intentos recientes, como la resolución de la legisladora Ilhan Omar en 2020, los defensores de la CDN enfrentan un consenso político difícil de alcanzar. Críticos señalan que esta negativa no solo daña la reputación internacional de Estados Unidos, sino que también deja a sus propios niños con menores protecciones legales que el resto del mundo.
La negativa estadounidense resalta en un escenario global donde la CDN es vista como un estándar mínimo de derechos infantiles. Sin embargo, expertos sugieren que, ante la resistencia política, los esfuerzos podrían redirigirse hacia reformas legales internas que alineen las leyes estadounidenses con los principios de la convención, sin depender de su ratificación.
