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El 24 de noviembre de 2024 venció el plazo de inscripciones para aspirar a los 881 cargos de jueces y magistrados del Poder Judicial y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los últimos días del mes de noviembre distintos periódicos han dedicado espacios para difundir quiénes son estos aspirantes. Destacaron familiares y añejos operadores de la actual clase política liderada por López Obrador.
De los 485 aspirantes registrados nombres como el de Bernardo Bátiz, actual miembro del Consejo de la Judicatura Federal, María Estela Ríos González, ex Consejera Jurídica, Lenia Batrés, actual Ministra de la Suprema Corte y hermana del ahora titular del ISSSTE Martín Batrés, son personas de toda la confianza y leales al ex presidente López Obrador, los que aspiran a ser Ministro de la Suprema Corte, junto con ellos participan también ex funcionarios de otras administraciones federales como es el caso de Roberto Gil Zuarth, Marisela Morales Ibáñez, y algunos funcionarios públicos como Guillermo Valls Esponda, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Placido Humberto Morales Vázquez, titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo; y Paula García Villegas de Sánchez Cordero, magistrada del Décimo Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, hija de la Senadora Olga Sánchez Cordero ex Ministra de la Corte en retiro y Senadora por MORENA, no siendo el único familiar de ésta que compite, se suma su sobrino el magistrado Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman, quien participa por una de las posiciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como el ex colaborador y subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, cuando la actual senadora fungía como titular de esa dependencia en la Administración de López Obrador.
Para el grueso de la población, nombres como los que se mencionaran, no son tan identificables, pero que son afines a la ideología política de MORENA ya sea por conveniencia o convicción, entre estos tenemos a Celia Maya, actual Consejera de la Judicatura Federal, ex candidata por MORENA en dos ocasiones para la Gubernatura de Querétaro, Eurípedes Flores, diputado federal por el partido oficialista y representante jurídico de éste ante el Tribunal Federal Electoral, Susana Bátiz Zavala, Consejera Jurídica de la Ciudad de México e hija de Bernardo Bátiz, Jaime Cárdenas, ex titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y esposo de Luz Mijangos, actual titular de la Fiscalía Anticorrupción, Eduardo Andrade Sánchez, representante legal de la causa en contra de Yasmín Esquivel, Ministra de la Corte por el plagio de su tesis de grado, Juvenal Carvajal, jefe de ponencia de la antes citada, Fabiana Estrada Tena, Arturo Bárcenas Zubieta y Ana María Ibarra, la primera ex coordinadora y los dos últimos secretarios, de la entonces ponencia de Arturo Zaldívar cuando fue Ministro de la Corte, hoy funcionario del Gobierno de Claudia Sheinbaum e integrante del Comité de Evaluación del Ejecutivo, entre muchos nombres más que podrán pasar desapercibidos.
Como podemos advertir, el conflicto de interés y alineamiento político son las constantes para instaurar un poder judicial federal “libre de corrupción, nepotismo, democrático elegido por el pueblo”.
Mientras, todo esto acontece la cultura de la prevención y la solución de controversias por mecanismos no jurisdiccionales deben ser los temas para las empresas, comerciantes y personas en general que realicen algún acto jurídico.
La cultura de la prevención se conforma por todas las acciones que realicemos para evitar la materialización de un riesgo, es decir, aquello que sabemos que afectará nuestros objetivos y metas, causado por factores internos o externos. El debido cumplimiento de leyes, reglamentos y normas jurídicas, administrativas y operativas, así como la supervisión y vigilancia, permitirán disminuir la probabilidad e impacto de que ese riesgo identificado se materialice.
Los Sistemas de Gestión de Compliance y de Control Interno serán herramientas fundamentales para las empresas y comerciantes, para disminuir o inhibir los impactos de los actos de autoridades que estarán ávidas de ejercer sus atribuciones para incrementar la recaudación, con y sin justa razón, mientras que la solución de controversias, diferencias o incumplimientos a través de mecanismos como el arbitraje, la conciliación o la mediación, hace cercana una alternativa profesional, objetiva e imparcial para alcanzar una solución, ante la eminente instauración de un Poder Ejecutivo plagado de intereses lejanos a la justicia.
