
Jorge Molina Larrondo
Consultor en políticas públicas y comercio internacional, con más de 25 años de experiencia y participación en negociaciones comerciales.
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Una de las principales promesas de campaña de Donald Trump fue ampliar y hacer permanentes los recortes de impuestos y las exenciones fiscales que se implementaron en su primer periodo de gobierno, que entre otras cosas redujeron la tasa del impuesto corporativo del 35% al 21%, a partir del 1 de enero del 2018, y que vencen este año. Ahora, Trump ha prometido reducir esta tasa al 15% para las empresas manufactureras, exentar del impuesto sobre la renta a varios tipos de ingresos – como las propinas – así como repeler los créditos y subsidios para proyectos de energías verdes y aumentar las deducciones estatales y locales, lo que podría generar nuevas deudas por 7.5 billones (millones de millones) de dólares en los próximos 10 años.
Sin embargo, existen reglas aprobadas por el congreso de Estados Unidos para evitar el crecimiento desmedido del déficit fiscal y del gasto del gobierno. Una de ellas indica que la aprobación de cualquier reducción significativa en los ingresos del gobierno debe ser acompañada de otras medidas que generen un aumento de ingresos similar. De lo contrario, es necesario contar con el apoyo de al menos 60 senadores para obviar esta regla y poder iniciar el debate previo a la votación en el pleno del Senado. En esta, la 119 Legislatura, los republicanos cuentan con 53 senadores y los demócratas con 47.
Trump considera la permanencia de la reducción de la tasa corporativa como un elemento muy importante de su legado, por lo que se lo ha hecho saber a todos aquellos que serán parte de su equipo económico, como Scott Bessent, nominado al departamento del Tesoro, o Stephen Miran, designado para encabezar el Consejo de Asesores Económicos, de modo que le ayuden a generar el paquete que le permita implementar estas reducciones. La propuesta ha sido la implementación de aranceles a todas las importaciones, aunque los efectos de esta medida tienen efectos inflacionarios, redistributivos, en perjuicio de las familias de menores ingresos, e incluso la caída del PIB.
Durante su campaña presidencial, Trump prometió que aplicaría un arancel universal del 10% a todas las importaciones y del 60% a los productos provenientes de China. Bajo estos supuestos, la Oficina de Presupuesto del Congreso, elaboró un estudio – por encargo del líder de los demócratas en el senado, Chuck Schumer – que indica que el déficit fiscal se reduciría en 2.8 billones de dólares, el PIB caería 0.6% y la inflación aumentaría 1% este año y el próximo. Sin embargo, este y otros estudios no han considerado los posibles efectos de las represalias que puedan tomar Canadá, China, la Unión Europea y el resto de las principales economías del mundo.
El pasado 25 de noviembre, Trump amenazó a México y Canadá con aranceles del 25%. Esta medida sólo puede entenderse como una manera de maximizar el ingreso derivado de los aranceles, pues México es el principal proveedor de Estados Unidos y sus importaciones representan el 15.6% del total; China es el segundo y sus importaciones equivalen al 13.5% del total; y Canadá es el tercer proveedor, siendo sus importaciones equivalentes al 12.6% del total.
Hasta la fecha, los ingresos derivados de los aranceles han representado menos del 2% del ingreso del gobierno federal de Estados Unidos. El año pasado, Customs and Border Protection recibió poco más de 78,000 millones de dólares por concepto de aranceles, equivalentes al 1.57% del ingreso federal. Hoy en día, más del 50% de las importaciones de insumos y bienes intermedios industriales ingresan a Estados Unidos libres de impuestos. Su impuesto promedio para bienes industriales es de 3.1% y 5.3% para productos agropecuarios, cuando para el caso de México son 6 y 12%, respectivamente, y 2 y 14.8% en el caso de Canadá.
Las estimaciones indican que el cobro de aranceles no sería suficiente para compensar por todas las propuestas fiscales de Trump, aunque generarían guerras comerciales cuyas repercusiones serían difíciles de anticipar. Sin embargo, la experiencia de la Ley Smooth-Hawley en los años 30s muestra el estancamiento que puede tener la economía a nivel mundial. Canadá ya le presentó a Trump un plan por más de 900 millones de dólares para mejorar la seguridad de la frontera a cambio de no aplicar los aranceles. México todavía no ha presentado nada todavía y este lunes se acaba el plazo, por lo que debemos esperar lo peor. Y aún falta que el congreso mexicano derogue el decreto que impide la importación de maíz transgénico, cuyo plazo vence el 3 de febrero.