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Ante la necesidad de mantenerse en el poder, el gobernador de Sinaloa se ha negado a reconocer que la violencia y la inseguridad no se han contenido en la entidad. Su estrategia desde que comenzó la crisis se ha enfocado en tener a menos y soslayar la legítima demanda de seguridad de la ciudadanía.
En este contexto, en noviembre de 2024 en Sentido Común Latinoamérica realizamos un sondeo en Culiacán y Mazatlán para conocer el impacto emocional de la crisis de seguridad que padece la sociedad sinaloense y profundizar en la evaluación de la ciudadanía sobre la gestión de la crisis.
En ese momento, de acuerdo con el 34.7 % de los participantes el principal responsable de la violencia era el crimen organizado, sin embargo, el 32.2 % de los participantes consideró que el principal responsable era el gobernador de Sinaloa y 21.8 % el gobierno federal.
En cuanto a la evaluación de la actuación de las autoridades el 37.6 % calificó como “mal” las acciones emprendidas por el gobernador de Sinaloa para resolver la inseguridad y violencia, y el 41.2 como “pésimo”. [1]
Lo anterior nos permitió ver que los participantes reprobaban contundentemente la respuesta del gobernador ante la crisis de seguridad responsabilizándolo parcialmente por la violencia.
Este escenario tuvo un importante impacto emocional en las personas. El miedo que provocaba la violencia fue el inicio de un proceso que desencadenó en incertidumbre, angustia y ansiedad lo que finalmente se tradujo en desesperanza.[2]
No obstante, la desesperanza no desmotivó a los sinaloenses, sino que paulatinamente se ha transformado en enojo e ira que se proyectan en el gobernador de Sinaloa.
En este contexto, no es de extrañar que finalmente la sociedad sinaloense se haya lanzado a las calles para manifestar su enojo. Tampoco extraña que la protesta del 23 de enero haya irrumpido en el palacio de gobierno y causara daños materiales.
En noviembre de 2024 el sondeo nos permitió identificar el escenario futuro si la crisis no era gestionada y contenida con el objetivo reestablecer la seguridad en la entidad:
- Para los participantes es evidente la incapacidad del gobernador de Sinaloa para gestionar y resolver la crisis de inseguridad. Emocionalmente se sienten enojados o inclusive iracundos con respecto a esta figura política.
- En este punto, es probable que cualquier tipo de respuesta por parte del Gobernador resulte insuficiente para los participantes.
- Este escenario crearía un círculo vicioso que desencadenaría en ingobernabilidad e inestabilidad política, agravando la crisis de inseguridad.[3]
La imprudencia y falta de empatía de la respuesta del gobernador de Sinaloa ha establecido el escenario para exacerbar el enojo de la sociedad alimentando las condiciones que eventualmente fortalecen el circulo de ingobernabilidad e inestabilidad política que identificamos en noviembre de 2024.
Al privilegiar sus intereses políticos, los gobiernos federal y estatal no implementan una Política Criminal adecuada que este encaminada a contener la criminalidad de alto impacto como forma de victimización de la sociedad sinaloense.
Lamentablemente el escenario de inseguridad en Sinaloa no se resolverá en el corto plazo porque además de la Política Criminal depende de que la delincuencia organizada concluya la disputa que mantiene ya sea porque se dan realineamientos de fuerzas a través de alianzas estratégicas o porque finalmente un grupo criminal se imponga a otro.
La implementación de una Política Criminal no debe estar condicionada por los intereses políticos del gobernador y su partido. Debe fundamentarse en el marco jurídico nacional, pero sobre todo en atender las demandas legítimas de los sinaloenses en torno a la seguridad.
[1] Sentido Común. Informe Encuesta de Salud Mental. 17 de noviembre 2024. https://www.linkedin.com/posts/sentidocomunlat_crisis-de-salud-mental-en-sinaloa-activity-7268987220852637696-AQkt?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
[2] Ídem
[3] Ídem
