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* En colaboración con Jaime Tbeili Palti
El reciente informe de Transparencia Internacional sobre el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024 ha colocado a México en el peor lugar entre los países de la OCDE, pasando de 30 puntos en 2023 a 26 en el cierre del año pasado. Este deterioro en la calificación refleja una preocupación latente tanto en el sector privado como en la sociedad civil sobre la falta de avances estructurales en la lucha contra la corrupción.
La caída de cuatro puntos en el IPC no es un dato menor. Se trata del reflejo de una combinación de factores: la ausencia de reformas efectivas, la percepción de impunidad en casos de alto perfil y el debilitamiento de instituciones clave encargadas de la fiscalización y rendición de cuentas. La falta de acciones contundentes por parte del gobierno y el Congreso para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción ha exacerbado la preocupación de organismos internacionales y analistas económicos.
En el contexto político, la cercanía de las elecciones presidenciales de 2024 ha convertido la lucha anticorrupción en un tema de retórica más que de acción. Si bien todos los candidatos han manifestado su compromiso con el combate a la corrupción, en la práctica no se han presentado propuestas concretas que refuercen la autonomía de los organismos de control ni se han generado incentivos para mejorar la transparencia gubernamental. En este sentido, el electorado se enfrenta al dilema de elegir entre promesas poco sustanciales y la continuidad de un sistema que no ha logrado erradicar la corrupción de manera significativa.
Desde una perspectiva económica, este retroceso también tiene implicaciones graves. Un bajo desempeño en el IPC puede traducirse en menor confianza de inversionistas extranjeros, encareciendo el financiamiento y desincentivando la llegada de capitales productivos. La corrupción genera un ambiente de incertidumbre jurídica que impacta negativamente en el desarrollo económico y la competitividad del país dentro de la OCDE. Además, los sobrecostos derivados de prácticas corruptas afectan tanto a las empresas como a los ciudadanos, erosionando la calidad de vida y aumentando las desigualdades sociales.
A pesar de este panorama, el camino para revertir la tendencia es claro. Se requiere una voluntad política real para fortalecer las instituciones de fiscalización, mejorar la protección a denunciantes de corrupción y garantizar procesos judiciales efectivos contra actos de abuso de poder. La implementación de tecnologías de transparencia, como plataformas de datos abiertos y auditorías digitales, podría ser una herramienta clave en este proceso.
Si México quiere mejorar su posición en el IPC y dejar de ser el peor evaluado en la OCDE, es fundamental que las autoridades asuman un compromiso real con la transparencia y la rendición de cuentas. La corrupción no solo es un problema de percepción, sino una barrera tangible para el crecimiento y el bienestar de la población. Mientras no se tomen medidas concretas y efectivas, el país seguirá atrapado en un ciclo de desconfianza e impunidad que afecta su desarrollo y estabilidad.
