La reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de Estados Unidos ha generado una oleada de reacciones tanto a favor como en contra en el Senado mexicano. Esta medida forma parte de la política de combate al crimen organizado del gobierno de Estados Unidos, pero ha desencadenado un acalorado debate sobre las implicaciones legales y diplomáticas de tal designación.
En la tribuna, la senadora panista Lilly Téllez presentó, por tercera vez, una propuesta para modificar la Ley de Seguridad Nacional con el fin de «designar a los cárteles como terroristas y enemigos internos». Téllez argumentó que los cárteles mexicanos han «declarado la guerra» a México y que, por lo tanto, deben enfrentarse con leyes de guerra. «A esos criminales hay que aplicarles las leyes de la guerra, no las de la civilidad», afirmó, subrayando que, en su opinión, «con los terroristas no se negocia, se les combate».
Por otro lado, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, coincidió con Téllez, señalando que la estrategia de «abrazos, no balazos» implementada por el gobierno mexicano ha resultado en una política ineficaz que ha “pasado factura” al país. Anaya criticó que México no ha tomado una postura firme contra el crimen organizado, lo que, en su opinión, ha generado una falta de confianza por parte de Estados Unidos.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también se pronunció al respecto, advirtiendo que el gobierno de Estados Unidos será «implacable» en su lucha contra el crimen organizado. Según Moreno, el gobierno mexicano debe aclarar los señalamientos de Estados Unidos sobre la falta de confianza en su administración debido a presuntos vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, la postura contraria vino de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta y miembro de Morena, quien se opuso firmemente a la designación de los cárteles como terroristas. Fernández Noroña argumentó que esta medida le da al gobierno de Estados Unidos «la posibilidad de intromisión en otra nación», algo que consideró inaceptable para la soberanía de México.
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