Human Rights Watch (HRW) reveló en un informe que en México solo el 17% de los homicidios se esclarecen, una cifra que refleja la grave crisis del sistema de justicia penal del país. Según el reporte titulado «Doble Injusticia. Las falencias del sistema de justicia penal de México en la investigación de homicidios», las fiscalías estatales han sido incapaces de investigar de manera efectiva la violencia criminal, con solo el 17% de los casos de homicidio doloso resueltos entre 2010 y 2022.
El informe detalla que, entre 2010 y 2022, las fiscalías estatales abrieron alrededor de 300,000 investigaciones por homicidio, pero solo en 51,000 casos lograron identificar a un sospechoso. Además, muchos de los casos que llegan a juicio terminan con sentencias basadas en pruebas alteradas, fabricadas o incluso obtenidas mediante amenazas y tortura. Esto refleja una grave falta de garantías procesales y un sistema judicial que no da justicia ni a las víctimas ni a los acusados.
El estudio subraya que la violencia criminal en México, alimentada por disputas entre grupos delictivos, ha incrementado la impunidad. Las medidas adoptadas, como la militarización de la seguridad pública, no han logrado mejorar la seguridad ni los resultados en la justicia penal. HRW señaló que para resolver «el problema central» de la ineficacia del sistema, es necesario profesionalizar las fiscalías, mejorar la protección de las víctimas y los testigos, y garantizar que los fiscales cuenten con las herramientas adecuadas para realizar su trabajo.
Uno de los factores que contribuye a esta baja tasa de esclarecimiento es la saturación de los agentes investigadores. Según los datos del informe, en 2022, en estados como Guerrero, Sonora y Morelos, los agentes de investigación tuvieron que gestionar hasta 162 casos adicionales por encima del promedio, lo que contribuye a una sobrecarga de trabajo y dificulta una investigación efectiva.
Nota: Este artículo ha sido elaborado a partir de información publicada en El Economista. Para leer la nota original, visita aqui.
El contenido ha sido parafraseado con el propósito de informar. Todos los derechos del texto original pertenecen a El Economista y a su autor.