La afianzadora Liberty ha sido seleccionada para otorgar las fianzas ambientales del Tren Maya, un contrato millonario de 9.7 millones de pesos que deja fuera a competidores como Sofimex y Aseguradora Aserta. Esta adjudicación se dio tras la licitación LA-07-H0M-007H0M001-N-8-2025, donde Liberty presentó la propuesta económica más baja, cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos establecidos.
El contrato contempla seis partidas en total, con la primera de ellas, valorada en 5.8 millones de pesos, destinada a la cobertura de las medidas de mitigación de los impactos ambientales del proyecto. Esta partida cubre un monto de 810 millones de pesos y tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Las otras cinco partidas corresponden a los diferentes tramos del Tren Maya, con montos que van desde los 90 hasta los 131 millones de pesos, dependiendo de la sección, y también tendrán vigencia durante el mismo año.
El Tren Maya es uno de los proyectos emblemáticos del sexenio anterior, que sigue siendo impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum para concluir la construcción del tren de carga. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo conectar las principales ciudades del sur y este de México, mejorar la calidad de vida de la región, promover el turismo y fomentar el desarrollo. No obstante, ha enfrentado críticas sobre si realmente cumplirá con estos objetivos debido a los impactos ambientales y los costos de la obra.
El proyecto del Tren Maya fue autorizado en 2020 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que impuso como condición la creación de una garantía para asegurar la mitigación y compensación ambiental de las obras, especialmente en áreas sensibles como el Cañón del Usumacinta y la Reserva de la Biosfera Los Petenes. Esta garantía deberá cubrir las acciones para minimizar los impactos en el entorno natural de la región.
A pesar de su importancia para el desarrollo del sureste mexicano, el Tren Maya ha sido objeto de controversia, especialmente por el impacto ambiental que genera en el Tramo 5, donde grupos ambientalistas han expresado su preocupación. Aunque el gobierno ha aceptado la falta de un estudio completo sobre el impacto ambiental, este se encuentra en proceso de elaboración para abordar las inquietudes de las comunidades afectadas.
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