El uso de inteligencia artificial (IA) en el gobierno mexicano ha crecido en los últimos años, pero su implementación está rodeada de falta de transparencia y dificultades para acceder a información detallada sobre su funcionamiento. Investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han identificado 119 aplicaciones de IA en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de Gobierno, pero obtener datos claros sobre ellas ha sido un desafío.
A pesar del potencial de la IA para mejorar la eficiencia y optimizar procesos gubernamentales, muchas instituciones han sido renuentes a proporcionar información sobre cómo operan estas herramientas, qué datos utilizan y con qué objetivos se implementaron. Esto ha generado preocupación entre expertos y organizaciones civiles sobre posibles riesgos en términos de privacidad, sesgos algorítmicos y rendición de cuentas.
Los investigadores del CIDE han encontrado que la IA se usa en áreas como seguridad pública, administración de justicia y trámites gubernamentales, pero la falta de información impide evaluar si estos sistemas realmente benefician a la ciudadanía o si están siendo utilizados de manera indebida. Además, la ausencia de regulación clara en torno a la IA en el sector público abre la puerta a posibles abusos.
Ante esta situación, especialistas han instado al gobierno mexicano a establecer mecanismos de transparencia y auditoría que permitan conocer el impacto real de la IA en la administración pública. Asimismo, han pedido que las instituciones gubernamentales cumplan con su obligación de rendir cuentas y proporcionen información clara sobre el desarrollo y uso de estas tecnologías.
La implementación de IA en el gobierno representa una oportunidad para mejorar los servicios públicos, pero sin transparencia ni regulación adecuada, podría convertirse en un riesgo para la privacidad y los derechos de los ciudadanos.
