Rafael Baca, exjugador de Cruz Azul, llevó a cabo una demanda contra el club por la rescisión de su contrato en 2023, buscando que se le sancionara con la prohibición de fichar jugadores durante dos periodos de transferencias consecutivos. El jugador, que no llegó a un acuerdo de indemnización por los seis meses restantes de su contrato, presentó su caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) con la esperanza de que se aplicara una sanción severa al club cementero.
Sin embargo, el TAS falló en favor de Cruz Azul y desestimó las pruebas presentadas por los abogados de Baca. A pesar de que la sanción solicitada no fue impuesta, el exjugador logró una victoria parcial al obtener una compensación económica. Inicialmente, Baca reclamaba una indemnización de aproximadamente 23.9 millones de pesos (alrededor de 1.2 millones de dólares), pero el TAS determinó que el club debía pagar solo el 20.8% de esa cantidad, es decir, 4.99 millones de pesos (250,304 dólares).
Adicionalmente, aunque Baca solicitaba una contribución para gastos de 20,000 dólares, el TAS solo obligó a Cruz Azul a abonar 3,401.64 dólares. En cuanto a los costos procesales, el tribunal resolvió que ambos involucrados deberían compartir la carga de los gastos legales al 50%. Este fallo se produce tras la rescisión del contrato de Baca en junio de 2023, cuando el club decidió no contar con él para el Apertura 2023, lo que motivó su demanda ante el TAS.
