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Una de las principales debilidades de la política arancelaria de Trump es que ha ignorado la vulnerabilidad de su sector agrícola. Tradicionalmente, el sector agropecuario ha sido uno de los más protegidos en Estados Unidos y en muchos otros países, con aranceles muy superiores a los del sector industrial, cuotas, licencias de importación y otras medidas que restringieron severamente el comercio hasta finales del siglo pasado. La Organización Mundial del Comercio reporta que para el 2024, el arancel agrícola promedio de Estados Unidos fue de 5.3%, 14.8% para Canadá y 12% para México, comparados con sus aranceles promedio para bienes industriales del 3.1%, 2% y 6%, respectivamente.
Cuando el congreso estadounidense aprobó la Ley Smoot-Hawley en 1930, se incrementaron los aranceles a los productos industriales en 20%, generando represalias que llevaron a que el comercio internacional cayera un 65% durante los siguientes cinco años, extendiendo las consecuencias negativas de la gran depresión y retrasando la recuperación. El aumento en los gravámenes llevó a los países europeos y asiáticos a buscar sustitutos en otros países, en detrimento en primer lugar de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos, que llevaron a que muchos agricultores perdieran sus granjas al carecer de ingresos para pagar la hipoteca y dejar de producir al no tener con que comprar semillas y fertilizantes.
En sus discursos, Trump ha dicho que los aranceles harán que las empresas manufactureras regresen a producir a Estados Unidos, pero ha evitado hacer comentarios sobre el aumento de precios que los aranceles a México, Canadá y China – los tres principales proveedores de la economía estadounidense que representan el 41.5% de las importaciones totales – habrían de generar en los alimentos que provienen de estos países y que han tenido un impacto inmediato en los bolsillos de los consumidores. Actualmente, México es el principal proveedor de productos agrícolas de Estados Unidos y es el principal destino de las exportaciones agropecuarias de ese país.
Los aranceles que Trump impuso a México, Canadá y a más de 80 países de los que importa acero y aluminio han generado represalias, sobre todo del nuevo gobierno de Mike Carney, mientras que la Unión Europea anunció que sus represalias entrarán en vigor el primero de abril. En ambos casos, los productos agropecuarios de Estados Unidos destacan de manera prominente, en particular porque la mayoría de ellos proviene de estados gobernados por el partido republicano, como Iowa, Idaho, Wisconsin, Florida, Georgia y Nebraska.
El sector agropecuario de Estados Unidos depende de sus exportaciones para seguir creciendo, obteniendo más de la mitad de sus ingresos del comercio internacional. Por ello, legisladores de ambos partidos pidieron (sin éxito) al gobierno de Biden negociar nuevos tratados comerciales que permitieran aumentar las exportaciones, sobre todo hacia el continente asiático, considerado como la zona con mejores perspectivas económicas para las próximas tres décadas. Sin embargo, la respuesta de Biden fue un tratado que buscó sustituir al Acuerdo Trans Pacifico – el mismo que Trump evitó su ratificación en 2017 – en el que no había un capítulo de acceso al mercado, lo que eventualmente lo llevó al fracaso y puso en duda el compromiso de Estados Unidos con la región del pacífico asiático ante la expansión de la influencia y presión de China.
A la espera de los aranceles recíprocos en abril, varios legisladores demócratas que representan estados basados en la agricultura solicitaron en febrero a Trump reconsiderar su política arancelaria, temerosos de las represalias de otros países. Esta semana, un grupo de 20 legisladores republicanos del comité de Medios y Procedimientos enviaron una carta al Representante Comercial, Jamieson Greer, para que no sólo se impongan gravámenes recíprocos en abril, pero se inicien también negociaciones que permitan abrir nuevos mercados a los productos agropecuarios estadounidenses y presentaron un punto de acuerdo para lograr un mayor apoyo de todo el congreso hacia este sector.
Estas acciones contrastan con la reciente prohibición a la siembra del maíz transgénico en territorio mexicano. El año pasado, por primera vez se importó más de la mitad del maíz que se consumió en el país y con esta restricción, y sin apoyos para aumentar la producción doméstica, me pregunto si el gobierno consideró las consecuencias de una medida que parece estar basada en aspectos ideológicos.
