El 8 de abril de 2025, el Senado de la República aprobó un pronunciamiento para pedir la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU. Esta solicitud se produjo luego de que el comité de la ONU iniciara un procedimiento para investigar las desapariciones forzadas en México. Los legisladores de Morena, quienes lideraron la moción, argumentaron que las desapariciones en el país no son responsabilidad del Estado mexicano.
La investigación de la ONU se activó el mismo día bajo el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El objetivo era analizar la situación de las desapariciones en México y evaluar si el caso debía ser elevado a la Asamblea General de la ONU. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta 2025, hay 124,263 personas desaparecidas en el país.
La presidenta Claudia Sheinbaum también rechazó la investigación de la ONU, argumentando que las desapariciones forzadas no existen en México porque no están relacionadas con el Estado. En ese contexto, el Senado aprobó con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones el pronunciamiento contra Frouville, considerando que su acusación carecía de fundamento.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, calificó la acusación como “irresponsable” y desafió a presentar un solo caso de desaparición forzada ordenado por el gobierno de Sheinbaum. También afirmó que las desapariciones forzadas ocurrieron durante los gobiernos del PAN y PRI, pero no bajo el mandato de Morena.
En contraste, otros legisladores, como el senador panista Marko Cortés, destacaron la gravedad del problema y acusaron al gobierno de negar la realidad. Cortés subrayó que la desaparición forzada no solo es responsabilidad de gobiernos pasados, sino también de la actual administración, debido a la complicidad de algunos funcionarios con los grupos criminales.
El Comité de la ONU ha señalado que las desapariciones forzadas ocurren incluso cuando no son directamente cometidas por el Estado, sino por grupos criminales que operan con la aquiescencia del gobierno. La organización también ha resaltado la crisis forense en México, con miles de cuerpos sin identificar en fosas clandestinas.
México tiene un historial de desapariciones forzadas, como las ocurridas durante la Guerra Sucia (1960-1980), el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y otros casos más recientes. Estos antecedentes han llevado a la ONU a exigir una mayor responsabilidad del Estado en la investigación de estos crímenes.
El pronunciamiento del Senado y la negativa del gobierno mexicano han generado un debate sobre cómo abordar la crisis de desapariciones y la impunidad que afecta a miles de familias en el país.
