Escuchar
Tras el horror humanitario y la devastación económica de la Segunda Guerra Mundial, el orden global evolucionó hacia un ambicioso esquema de cooperación. Bajo la premisa de que los desafíos compartidos requerían soluciones colectivas, se erigió un sistema basado en normas, principios y valores comunes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació como la columna vertebral de esta nueva era, un foro donde sus 193 Estados Miembros, en teoría, repito, en teoría, tendrían voz y voto para resolver diplomáticamente las disputas que amenazaran la paz.
Esa promesa no se cumplió. La ONU ha fracasado estrepitosamente en su función primordial de ser un árbitro neutral y eficaz. Su desesperante parálisis frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y su incapacidad para mitigar el conflicto entre Israel y Palestina, ahora exacerbado por la participación de Irán, son la evidencia más clara de su irrelevancia en crisis de alta tensión geopolítica. Este declive fue acelerado por puntos de inflexión como la pandemia de COVID-19 y la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, eventos que catalizaron un repliegue hacia el proteccionismo y un desdén manifiesto por el Derecho Internacional y los organismos multilaterales.
El paradigma actual del orden mundial se explica con la fría claridad de la teoría del Realismo. El Estado retoma su lugar como el único actor verdaderamente relevante, relegando a las organizaciones internacionales a un papel de mero espectador. El sistema internacional opera en un estado de «anarquía»: no la ausencia de orden, sino la ausencia de una autoridad supranacional capaz mantener un Estado de Derecho Internacional que proteja a los Estados de agresiones externas. En este entorno, la diplomacia multilateral cede su lugar a las negociaciones directas, pero sobre todo a las alianzas de conveniencia que son más utilitaristas que basadas en valores y principios compartidos como la Democracia, el Estado de Derecho y la garantía de respeto a los Derechos Humanos.
Bajo esta lógica realista, el objetivo inmutable de todo Estado es la supervivencia, entendida como la protección de su territorio, población, gobierno y soberanía.
La cooperación internacional deja de ser un pilar de la seguridad nacional. Depende exclusivamente de las capacidades propias y las eventuales alianzas de conveniencia. La búsqueda de poder se convierte en el principal medio para garantizar dicha supervivencia. El poder, manifestado en sus campos militar, económico, tecnológico, político y social, no es un fin en sí mismo, sino la herramienta indispensable para disuadir a rivales y defender los intereses nacionales.
Inevitablemente, esto alimenta el «dilema de la seguridad»: las acciones de un Estado para fortalecerse son percibidas como una amenaza por otros, generando un ciclo de hostilidad e incremento de capacidad militar que incrementa el riesgo de conflicto.
Frente a esta reconfiguración, la postura del actual gobierno mexicano parece obnubilada. Distraído en su populismo y en pugnas internas, ignora que las ondas de choque de este nuevo orden mundial impactarán severamente los campos de poder del país.
Esta ceguera estratégica se manifiesta en una ambigüedad calculada. El gobierno apela al multilateralismo para validar su discurso cuando le conviene, pero lo denosta y rechaza cuando esos mismos foros cuestionan acciones que erosionan el andamiaje democrático interno.
Los conflictos activos en el mundo son una prueba decisiva para el futuro próximo. México no tiene tiempo para posturas tibias y sin visión estratégica.
La pregunta subyacente es ineludible: ¿comprende el actual gobierno la dimensión del cambio geopolítico mundial y su impacto directo en la Seguridad Nacional?
Si la respuesta es negativa, a México le espera un futuro poco esperanzador.
