Ante una reciente redada migratoria en el sur de California, el Consulado General de México en Los Ángeles activó protocolos de protección para salvaguardar los derechos de connacionales detenidos por autoridades estadounidenses. El operativo, efectuado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), dejó a decenas de personas bajo custodia, muchas de ellas de nacionalidad mexicana.
El consulado, encabezado por la cónsul Marcela Celorio, desplegó un equipo jurídico y de apoyo comunitario que ha visitado centros de detención, brindado asesoría legal, apoyo psicológico y orientación sobre procesos migratorios. Según se informó, también se han establecido líneas de emergencia y asesoría para familias que temen por el paradero o situación de sus seres queridos.
La canciller Alicia Bárcena reiteró el compromiso del gobierno mexicano de velar por los derechos humanos de sus nacionales en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. En este sentido, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha mantenido comunicación con organizaciones civiles y autoridades locales para asegurar un debido proceso y evitar violaciones a los derechos fundamentales.
Sin embargo, el contexto político en Estados Unidos —con crecientes discursos antimigrantes y endurecimiento de las políticas fronterizas— plantea desafíos adicionales para la protección consular. Expertos advierten sobre el riesgo de deportaciones aceleradas y la falta de garantías legales en algunos procedimientos.
El consulado hizo un llamado a la comunidad mexicana a mantenerse informada, evitar la desinformación y reportar cualquier abuso a través de sus canales oficiales.
