Las empresas del magnate Carlos Slim, agrupadas principalmente en Grupo Carso y Grupo Ideal, han asumido un papel cada vez más estratégico en los esfuerzos de reactivación de Petróleos Mexicanos (Pemex), consolidándose como su principal socio en operaciones clave. A través de Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), Slim ha brindado servicios esenciales en reparación de ductos, infraestructura petrolera, plataformas costa afuera y modernización de refinerías.
Más allá de la infraestructura, Grupo Carso ha adquirido participaciones en yacimientos petroleros ubicados en aguas someras del Golfo de México, como Zama y Ichalkil-Pokoch, en alianza con empresas internacionales y bajo contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estas adquisiciones fortalecen su rol no solo como contratista, sino como operador e inversionista directo en el sector energético nacional.
Mientras la inversión privada se presenta como una alternativa para apuntalar la producción y eficiencia de Pemex, crecen también las críticas respecto a la creciente dependencia de la empresa estatal en conglomerados como el de Slim. Algunos analistas advierten que este modelo híbrido, si no se regula adecuadamente, puede debilitar la soberanía energética al otorgar influencia operativa a grandes capitales privados.
En un contexto donde Pemex arrastra una pesada carga financiera y desafíos técnicos, la participación del sector privado podría ser una tabla de salvación… o un factor de vulnerabilidad si no se garantiza transparencia, rendición de cuentas y equilibrio en la relación público-privada.
