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Una de las características del populismo es la aplicación de políticas económicas aparentemente a favor de los consumidores. El problema es que esas políticas generan consecuencias negativas del lado de la oferta, afectando la producción y la disponibilidad de bienes y servicios… y terminan perjudicando precisamente a los consumidores.
Un buen ejemplo de esto es la imposición de rentas máximas en vivienda para alquiler.
¿Qué es una política económica?
Una política económica es una medida que toma el gobierno para modificar los resultados del mercado, que no es otra cosa que la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Antes de cerrar la transacción, esas partes deben ponerse de acuerdo en el precio. Una vez acordado, el oferente se convierte en vendedor y el demandante en comprador.
Ese precio, producto del acuerdo voluntario, es una condición de mercado. Una política económica gubernamental lo que hace es modificarlo, ya sea imponiendo precios máximos por debajo del acordado o precios mínimos por encima.
¿El resultado? Distorsión y desequilibrio en el mercado.
El caso de las rentas
Supongamos que un casero y un inquilino acuerdan una renta. Pero aparece el gobierno y, por razones que sólo ellos entienden, considera que esa renta es “demasiado alta” y perjudica al inquilino. ¿Qué hace?
Impone un control de rentas, es decir, una renta máxima por encima de la cual no se puede alquilar.
¿Qué ocurre entonces?
- La demanda de vivienda en renta aumenta porque el precio baja artificialmente.
- Pero la oferta disminuye, porque muchos caseros ya no consideran rentable arrendar su propiedad.
El resultado es un desequilibrio de mercado: más personas queriendo rentar, pero menos viviendas disponibles.
No niego que la intención del gobierno —ayudar a los consumidores a pagar menos— sea buena. Pero ignorar los efectos sobre la oferta es una muestra de profunda ignorancia económica.
Un ejemplo extremo (pero útil)
Supongamos que alguien decide imponer un control de rentas en la Ciudad de México y decreta que la máxima renta que puede cobrarse por cualquier vivienda es de 1,000 pesos mensuales.
No importa si la propiedad es grande o pequeña, nueva o deteriorada, céntrica o periférica.
¿Qué pasará?
- La demanda se disparará. ¿Quién no querría rentar a 1,000 pesos?
- Pero la oferta prácticamente desaparecerá. Con esa renta, ningún casero cubriría sus costos básicos.
Esto es lo que pasa cuando, con buenas intenciones pero con una enorme ignorancia, el gobierno interviene en los precios a favor de los demandantes, sin considerar las consecuencias.
El caso actual: la Ciudad de México
Eso es exactamente lo que se pretende hacer en ciertas colonias de la Ciudad de México, especialmente aquellas donde ha habido procesos de gentrificación. El gobierno quiere imponer rentas máximas por debajo de las acordadas libremente entre casero e inquilino.
¿Resultado previsible?
- Aumento en la demanda.
- Reducción en la oferta.
- Escasez de vivienda en renta.
Y si la renta impuesta ni siquiera permite al casero recuperar sus costos, muchos simplemente optarán por no rentar.
¿No aprendimos nada?
Es increíble que, a estas alturas del partido, se pretenda volver a una política que México ya experimentó durante cinco décadas —de 1942 a 1992— y que fracasó rotundamente.
El control de rentas es una medida económicamente ineficaz —porque genera escasez— y éticamente injusta, porque viola el derecho de propiedad privada del casero de fijar un precio razonable que negocie con el inquilino.
Conclusión
Desde la cancelación del nuevo aeropuerto en 2019 hasta este intento de imponer controles de renta, el gobierno ha tomado medidas que han frenado la actividad económica en México… y que podrían incluso descarrilarla.
Ya veremos en qué termina todo esto.
Pero, desafortunadamente, nada de esto es bueno.
