5 de agosto de 2025 5:18 pm
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Australia amplía prohibición de redes sociales para menores: ahora incluye YouTube

El gobierno australiano decidió prohibir a menores de 16 años el uso de YouTube junto a otras redes sociales, generando debate sobre su impacto real y viabilidad operativa.

Australia llevará a cabo en diciembre de 2025 una histórica prohibición que impedirá a jóvenes menores de 16 años crear cuentas o interactuar en plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X (Twitter) y, por primera vez, YouTube. Esta legislación, pionera a nivel mundial, obliga a las compañías tecnológicas a implementar mecanismos de verificación de edad o enfrentar sanciones de hasta 49.5 millones de dólares australianos por infracción.

Protección para adolescentes… ¿o un reto técnico?

La decisión se tomó tras un informe oficial que reveló que el 37 % de los menores habían experimentado contenido dañino en YouTube, superando a otras redes sociales. Inicialmente YouTube había quedado fuera de la regulación, pero fue reevaluada después de que la comisionada de seguridad digital recomendara su inclusión.

El primer ministro Anthony Albanese y la ministra de Comunicaciones, Anika Wells, defendieron la medida como esencial para proteger la salud mental de los jóvenes. Wells afirmó que “queremos que los niños sepan quiénes son antes de que las plataformas decidan por ellos”.

Sin embargo, voces críticas advierten que la ley enfrenta obstáculos prácticos importantes. Pruebas preliminares con tecnología de reconocimiento facial muestran una precisión limitada: el 85 % de los casos estimó la edad con un margen de error de hasta 18 meses, lo que pone en duda su eficacia real.

Además, hay preocupación sobre el impacto en menores vulnerables y en su acceso a contenidos formativos o de apoyo emocional. Algunos expertos proponen enfoques alternativos, como educación digital en lugar de prohibiciones totales.

La medida redefine el rol de las plataformas digitales, trasladando la responsabilidad legal desde los padres hacia las empresas. Si bien despierta apoyo social por su firmeza, también abre un debate global sobre hasta dónde debe regularse el acceso juvenil y cómo balancear seguridad con libertad tecnológica.

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