Israel decidió formalizar un plan para tomar control de Gaza City tras una reunión del gabinete de seguridad. La decisión, impulsada por el primer ministro y respaldada en términos generales por ministros clave, fue presentada como un paso para debilitar a Hamas y asegurar el fin del conflicto, aunque no dio detalles concretos sobre cronograma o alcance total de la presencia militar.
El Ejecutivo aseguró que la operación irá acompañada de esfuerzos para permitir la salida de civiles y aumentar la asistencia humanitaria fuera de las zonas de combate; sin embargo, críticos internos y externos han cuestionado la viabilidad de esos planes y subrayaron el riesgo de mayores víctimas y destrucción en una ciudad ya devastada.
La medida ha dividido a la política israelí: algunos aliados de línea dura demandan una ocupación extensa, mientras que sectores militares y de seguridad advierten que una expansión puede poner en peligro a los rehenes y prolongar el conflicto. La medida ha avivado las críticas internacionales y provoca advertencias sobre desplazamiento masivo; organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros han expresado su alarma por las consecuencias humanitarias.
Analistas señalan que, aunque el gobierno dice no pretender gobernar permanentemente Gaza, la propuesta de “control de seguridad” exigirá decisiones sobre quién administraría la franja después de cualquier operación, y si actores regionales podrían asumir alguna responsabilidad, cuestión que sigue sin respuesta y complica la salida política al conflicto.