En julio de 2025, México celebró un récord histórico: el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó 23 millones 591 mil 691 empleos formales, con un aumento mensual de 1 millón 266 mil plazas. La noticia parecía un síntoma inequívoco de dinamismo económico, de nuevas inversiones y expansión productiva. Sin embargo, detrás de la cifra no hay una oleada de fábricas ni una explosión de contrataciones en el sector privado tradicional. Lo que hay es, sobre todo, un cambio legal: la formalización masiva de repartidores de plataformas digitales.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada meses antes, creó un marco específico para regular a quienes trabajan en aplicaciones como Uber Eats, Didi Food o Rappi. El punto clave es que todo repartidor que perciba ingresos iguales o superiores al salario mínimo debe ser considerado trabajador formal, con acceso a seguridad social, aportaciones al Infonavit, aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades. La ley también obliga a las empresas a registrar contratos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a transparentar los algoritmos que asignan pedidos. Quienes ganen menos del salario mínimo siguen siendo independientes, pero con cobertura en caso de accidentes.
Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Antes de la reforma se implementó un programa piloto del IMSS llamado “Personas Trabajadoras de Plataformas Digitales”, que permitió afiliar masivamente a repartidores y medir el impacto. El resultado fue contundente: cerca de 658 mil repartidores pasaron de la informalidad a la estadística oficial de empleo formal, empujando el número total de plazas a un máximo sin precedentes.
Más allá del golpe de efecto en las cifras, la medida expone dos verdades incómodas. La primera es que gran parte del empleo en México sigue siendo informal: incluso con este incremento, más del 54 % de la fuerza laboral (unos 32.5 millones de personas) continúa sin acceso a prestaciones ni seguridad social. La segunda es que, si bien la formalización es una victoria en términos de derechos laborales, no implica necesariamente un aumento real en la capacidad productiva del país. La economía no generó más trabajo, simplemente reconoció legalmente a quienes ya lo estaban realizando.
Eso no significa que la reforma carezca de mérito. Incorporar a un sector históricamente precarizado al sistema de protección social es un paso adelante. Pero si México quiere que el crecimiento del empleo formal deje de depender de golpes estadísticos, necesita políticas que estimulen la creación genuina de puestos productivos, acompañadas de estrategias para absorber a otros sectores informales.
El récord de julio de 2025 será recordado como el mes en que los repartidores pusieron a México en la cima de su historial laboral. El desafío ahora es lograr que ese impulso se mantenga, no como una anomalía, sino como parte de un cambio estructural que transforme de verdad el mercado de trabajo.
