Este 19 de agosto de 2025, el exboxeador Julio César Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos a México, tras ser detenido en California el 2 (o 3) de julio por agentes del ICE. Había ingresado al país con un visado turístico y fue señalado por el Departamento de Seguridad Nacional de haber presentado declaraciones fraudulentas en su solicitud de residencia, además de estar vinculado al Cártel de Sinaloa en actividades como tráfico de armas y delincuencia organizada.
A su llegada al país, Chávez Jr. fue internado en un penal federal de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora; la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existe una orden de arresto en su contra desde 2023, emitida por la Fiscalía General de la República.
La FGR lo acusa de participar como operador delictivo, incluso como “ajustador de cuentas” para castigar a miembros del mismo cártel, con investigaciones que datan desde 2019 y que incluyen nexos con “Los Chapitos”. Familiares y su defensa, por su parte, han negado las acusaciones y han pedido respeto al debido proceso .
Este episodio marca un nuevo capítulo en la caída pública de Chávez Jr., quien fuera campeón mundial, y plantea interrogantes sobre el uso de figuras mediáticas en estrategias de seguridad y control legal, así como sobre la justicia efectiva más allá del impacto simbólico de la deportación.
