Las transacciones anunciadas este martes —la compra por parte de Kapital Bank de activos de Intercam y la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco por Grupo Financiero Multiva— representan movimientos rápidos del mercado ante la crisis reputacional y regulatoria que enfrentan varias entidades señaladas por la autoridad estadounidense. En lo concreto, Kapital Bank comunicó la compra de activos de Intercam (incluyendo casa de bolsa y fondos) y anunció una inyección de 100 millones de dólares para “apoyar a los clientes de Intercam”; Multiva, por su parte, informó a inversionistas haber acordado adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, sin revelar el monto de la operación y condicionando la compra a autorizaciones regulatorias.
La ausencia de cifras oficiales en la operación Multiva–CIBanco, y la explicación escueta sobre las operaciones que asumirá Kapital, alimentan inquietudes válidas sobre la transparencia de estas ventas. El antecedente inmediato es la acusación de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) —del Departamento del Tesoro de EU— contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero, hecho que ha llevado a plazos y medidas que ponen en riesgo la operatividad en dólares de las instituciones implicadas. CIBanco ha respondido legalmente en tribunales de EU, alegando que las sanciones amenazan su viabilidad.
Desde una óptica crítica, las compras plantean dos preguntas centrales: primero, si los compradores realizaron due diligence suficiente frente al riesgo reputacional y legal; segundo, cómo protegerán las autoridades mexicanas y los nuevos dueños los derechos de clientes y participantes en fideicomisos por montos relevantes del sistema. Las cifras citadas por la CNBV muestran que el negocio fiduciario de CIBanco concentra una porción significativa del mercado, mientras que Multiva partía de una posición mucho menor, lo que sugiere desafíos de integración y exposición.
En suma, aunque las operaciones pueden evitar quiebras inmediatas y ofrecer continuidad a clientes, la opacidad en los términos y la alta carga regulatoria y legal pendiente exigen que supervisores, compradores e inversores brinden mayor información y garantías sobre gobernanza, cumplimiento y el manejo del riesgo cambiario y de contrapartes. Sin esa claridad, el traspaso de negocios podría trasladar problemas más que resolverlos.
